¿Dónde están los desaparecidos de Ayotzinapa?

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    EFE
    Familiares de desaparecidos participan en una manifestación en Guadalajara por la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa.

    MÉXICO - La Fiscalía de México informó este domingo de la entrega a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de sus avances en la investigación sobre la desaparición de 43 estudiantes en el estado de Guerrero en septiembre de 2014.

    La PGR dio estos datos en atención al informe "Estado de la Investigación del Caso Iguala", presentado el pasado 23 de julio por la Oficina Especial para el Caso Iguala de la CNDH.

    En la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la Escuelas Normal Rural de Ayotzinapa desaparecieron en el municipio de Iguala a manos de policías corruptos y miembros del cartel Guerreros Unidos.

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    Continúa el drama por los desaparecidos en México

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    Las limitaciones del sistema judicial dificultan las investigaciones, especialmente cuando se está por cumplir un año de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. (Publicado viernes 15 de enero de 2016)

    Según la versión oficial, que padres y organizaciones sociales ponen en duda, los jóvenes fueron asesinados e incinerados en un basurero del municipio vecino de Cocula.

    El defensor del pueblo mexicano, Luis Raúl González, llamó durante la presentación del informe de la CNDH, a fines de julio, a "romper la alianza entre el crimen y el poder" para alcanzar la paz en México.

    "La PGR presentó este documento con el propósito de hacer una aportación valiosa a la labor de la Oficina Especial para el Caso Iguala de la CNDH", afirmó la dependencia, que reiteró "su compromiso con las tareas de búsqueda, el esclarecimiento de los hechos y la sanción de los responsables".

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    Por otra parte, entidades civiles y familiares de víctimas de desapariciones forzadas pidieron también este domingo poder contribuir en la legislación relacionada con la Ley General de Desapariciones Forzadas para que esta sea inclusiva y contemple varios tipos de delito.

    "Proponemos tipificar dos delitos, la desaparición forzada, como tal, llevada a cabo por autoridades de manera directa o indirecta; y la desaparición forzada a manos de particulares y sin contubernio del Estado", dijo a EFE el coordinador del área de acompañamiento de la organización de derechos humanos Comité Cerezo, Héctor Cerezo.

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    Junto a ello, pedirán que la ley contemple la reparación integral del daño y el aseguramiento de prestaciones para los familiares, apuntó desde el Parque Alameda de la Ciudad de México, donde junto con otras asociaciones se celebró este domingo un acto en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

    En abril, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una reforma a la Constitución para facultar al Congreso a expedir leyes generales sobre desaparición forzada y tortura.

    Con ello, el Congreso deberá expedir la Ley General de Desapariciones Forzadas en un periodo máximo de 18 meses tras su promulgación.

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    Por su parte, el representante del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui, Pascual de Jesús, dijo temer que la nueva ley no "llene las expectativas de los familiares" de los desaparecidos e instó a que esta se "construya" con su colaboración y la de organizaciones civiles.

    De Jesús tiene dos compañeras del movimiento del sureño estado de Oaxaca desaparecidas desde el 2007.

    Eran dos hermanas, una maestra y una estudiante, de 21 y 14 años en el momento de su desaparición, que se extraviaron en un trayecto entre dos comunidades de Oaxaca en una época de fuerte tensión entre la comunidad triqui y las autoridades policiales de la región.

    "El estado actúa de diferentes formas para sembrar el terror e intimidar a los luchadores sociales", acusó De Jesús, quien señaló el "terrible" dolor que estos casos infligen en las familias.

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    En esta misma región, el 2007 también desaparecieron los luchadores sociales Edmundo Reyes y Gabriel Alberto Cruz tras ser arrestados en un operativo policial y posteriormente entregados al Ejército de México, relató Nadín Reyes, hija de Edmundo y miembro del Comité de Familiares de Desaparecidos "Hasta Encontrarlos".

    Reyes denunció que, a pesar de lograr el pasado año una resolución judicial para entrar en varios cuarteles militares e investigar este caso, no ha habido "voluntad política" para que ello ocurra, y por ello "duda" también acerca de la iniciativa de ley de desapariciones forzadas.

    "Vimos (en un documento sobre la ley) que hace referencia a los casos de desaparición forzada y habla de personas no localizadas o encontradas. De entrada no están reconociendo que existe esta situación en el país", criticó.

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    Esta preocupación de que la ley no se concrete debidamente llevará a las diferentes entidades participantes en el acto a entregar el próximo 3 de septiembre al Senado de México su propia propuesta de ley, que espera pueda contribuir en la elaboración de la norma.

    En el evento se expusieron fotos y carteles de casos de desaparición forzada de distintos estados como Chiapas, Veracruz, Guerrero, Michoacán y Oaxaca.

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    Reyes explicó que tras perder a su padre, su familia siente "angustia y zozobra por no saber si está vivo o no" y lamentó que el acto de este domingo casi no congregara ciudadanos: "Hay mucho desconocimiento de la gente sobre esta situación y por otra parte también tienen temor a que les pueda pasar lo mismo", señaló.

    En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas varios organismos se han pronunciado sobre la situación en México, que acumula más de 25,000 desaparecidos desde 2007.

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    Por ejemplo, la organización Amnistía Internacional (AI) promueve una campaña para instar al actual presidente Enrique Peña Nieto a investigar los casos de desaparición forzada, mientras que la ONU hizo un llamamiento para que la nueva ley escuche las peticiones de los familiares.

    Aunque no hay datos exactos del número de desapariciones forzadas, Comité Cerezo contabilizó, solo en defensores de derechos humanos, 56 casos en el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) y 82 durante los primeros tres años de mandato de Peña Nieto.

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