Cuatro organizaciones civiles anunciaron que presentarán una demanda contra la Ley de Inmigración de Florida, SB1718, que entró en vigor este fin de semana.
Este ha sido el tema de conversación de las últimas horas entre muchos trabajadores agrícolas, obreros o empleados de restaurantes. Este pasado sábado entró en vigor la ley SB1718, que ha sido catalogada por las principales organizaciones de derechos civiles, incluyendo la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), como la ley migratoria más dura del país.
La ley SB1718 mantiene ahora en vilo a migrantes indocumentados en la Florida. Y mientras las protestas se multiplicaban este fin de semana, se anunciaba la primera demanda contra la legislación, cuatro organizaciones civiles desafiarán la política del gobernador Ron DeSantis.
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El litigio se centrará en la sección 10, que convierte en un delito de tercer grado el transporte hacia Florida de migrantes no inspeccionados en la frontera.
Se ha adelantado que el caso representará a varias personas afiliadas a la Organziación de Trabajadores Agrícolas de Florida”.
Una representante del American Inmigration Council, Katte Melloy Goettel, explicó la postura de la organización frente a la ley.
“Estamos luchando con fuerza contra estas leyes antiinmigrantes e inconstitucionales”, asegura Melloy, una de las representantes de las cuatro organizaciones civiles que desafiará en corte la política del gobernador DeSantis.
“Es claramente inconstitucional, porque una de las cosas que trata de hacer es ocupar el lugar del gobierno federal que siempre ha estado a cargo de las políticas de inmigración. Lo que el gobernador y el gobierno intentan hacer es sustituir el rol del gobierno federal y eso es ilegal e inconstitucional”, agregó Melloy.
Se ha adelantado que el caso representará a varias personas afiliadas a la organización de “trabajadores agrícolas de Florida” y que estarán demandando concretamente al gobernador DeSantis por, según alegan, violar derechos fundamentales de las personas en el estado”.
Entre los puntos de mayor rigor en la legislación se encuentra la obligación a empresas con 25 empleados o más de usar el sistema E-Verify, para invalidar licencias de conducción e identificaciones emitidas en otros estados a migrantes no autorizados, según esta ley en Florida.
Además, los hospitales que aceptan el seguro médico público (Medicaid) deben preguntar y registrar si sus pacientes son residentes legales o no, entre otras disposiciones.
“Desafortunadamente estas medidas son muy perjudiciales para las comunidades de inmigrantes y no queremos que las personas vivan con miedo y no queremos que otros estados se sumen a adoptar políticas ilegales como esta”.
Según comentaron los demandantes, aún no hay una fecha definida o un distrito acordado para la presentación en corte del litigio, pero dicen que ocurrirá esta semana.
