Ayotzinapa: gobierno condiciona investigación

Se anunció que militares sospechados no serán entrevistados

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México anunció su intención de relanzar la investigación para dar con el paradero de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos hace un año, pero impuso condiciones enfocadas al trato que recibirán militares señalados como posibles participantes en los hechos.

De hecho, la posibilidad de que elementos del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala, Guerrero, fueran entrevistados por representantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, conocido como GIEI, desató un prolongado debate durante una audiencia pública en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En la sesión, realizada en Washington DC, Estados Unidos, y transmitida por internet, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, sostuvo que esa posibilidad sólo podría ocurrir si el personal militar declarara únicamente ante representantes del Ministerio Público Federal.

La probable participación de miembros del ejército en los hechos ocurridos el 26 de septiembre de 2014, ha sido señalada en diversas investigaciones que han dejado al descubierto parte de las declaraciones de testigos de lo que es conocido como "la matanza de Iguala".

"La posibilidad de estos interrogatorios son a través del Ministerio Público; ahora con la nueva investigación habrá todas las condiciones como comenzamos a hacerlo ya de hecho, en algunas de las últimas conversaciones, para revisar y analizar cuál puede ser el contenido y el formato de una diligencia con esas características”, insistió Campa Cifrián.

Durante la audiencia pública, los participantes anunciaron que el lunes firmaron un nuevo acuerdo de colaboración y participación en las investigaciones por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. El documento fue firmado por familiares, representantes, integrantes del GIEI y la Procuraduría General de la República.

Según la Associated Press, una de las especialistas del GIEI, la colombiana Angela Buitrago, hizo el anuncio de que el Estado mexicano y el grupo de expertos habían llegado la víspera a un acuerdo.

"Se ha decidido relanzar la búsqueda con las autoridades competentes con una estrategia basada en las líneas trazadas por el grupo, incluyendo el uso de la tecnología, mapa de fosas y otros lugares identificados, y estableciendo una ruta de acciones acordadas por los familiares", detalló Buitrago citada por AP.

No obstante, el tema de citar a los militares para que declaren causó un prolongado debate, ya que aunque Buitrago insistía en que éso era parte del acuerdo, el secretario de Defensa, general Salvador Cienfuegos, se ha negado de manera sistemática a que sus soldados testifiquen en ese caso ante un organismo que no sea la fiscalía mexicana.

Campa Cifrián defendió la posición oficial e insistió en que sólo será posible obtener información de los efectivos militares a través del Ministerio Público, pero que los expertos no podrán tener un careo.

Después de la audiencia, Buitrago dijo a reporteros que están optimistas sobre la posibilidad de que les permitan interrogar directamente a los militares porque lo considera un elemento crucial para la investigación, ya que los soldados estuvieron presentes en varias instancias durante las protestas ocurridas el 26 y 27 de septiembre.

"No es lo mismo que pregunte un tercero. Va a faltar algo o quedará la duda de por qué no se preguntó algo más", agregó.

Campa Cifrián asistió a la sesión en compañía de Eber Betanzos, subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR. También estuvieron Miguel Ruiz Cabañas, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y el embajador permanente de México ante la Organización de Estados Americanos, Emilio Rabasa.

Buitrago solicitó a la delegación mexicana en la audiencia del Caso Ayotzinapa, que no den a conocer de manera pública nuevas hipótesis de las investigaciones.

También les pidieron que aceleren el proceso para integrar todas las investigaciones en la Subprocuraduría de Derechos Humanos.

La AP dijo que el equipo de Betanzos asumirá de forma exclusiva la investigación en reemplazo de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada y coordinará con los expertos los objetivos del nuevo estudio sobre la dinámica del fuego en el basurero y la elección definitiva de los peritos.

Manifestantes se apostaron frente a la sede de la OEA antes de que iniciara la audiencia, demostrando la gran expectativa que la precedió.

La CIDH planea tomar una decisión sobre la renovación del mandato de los expertos -que culmina el 31 de octubre- durante el actual período de sesiones que se celebrará en la capital estadounidense hasta el 28 de octubre.

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