Esta tarde, tres de los inmigrantes venezolanos transportados a Martha's Vineyard han entablado una demanda colectiva en contra del gobernador Ron DeSantis y el Departamento de Transporte de Florida. Alegan que fueron engañados en su intento de buscar una mejor vida y que la acción de los acusados viola la protección que les da la constitución de los Estados Unidos. Además, la Casa Blanca hoy dice estar trabajando con autoridades de Delaware donde supuestamente esperan la llegada de otro avión.
Manifestantes en Doral dicen que todo es parte de una agenda política y en nombre de los inmigrantes, le piden respeto al gobernador.
Dicen sentirse indignados ante la posibilidad de otra acción similar a la que enfrentaron casi 50 inmigrantes mayormente venezolanos la semana pasada, cuando abordaron dos aviones en Texas, pararon en Florida y otros estados, hasta aterrizar en Martha’s Vineyard, pero el vuelo esta vez, llegaría a Delaware, el estado del presidente Joe Biden.
Pero la secretaria de prensa de la Casa Blanca dijo que están coordinando de cerca con funcionarios en Delaware, y que la información que tienen no llegó del gobernador DeSantis, cuya meta es claramente crear caos y usar a los inmigrantes que se escapan del comunismo para un truco político.
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DeSantis se atribuyó el traslado de los inmigrantes a Marthas Vineyard. Pero hoy en conferencia de prensa, no dijo si otro avión con inmigrantes llegaría a delaware.
“Yo no he escuchado nada sobre todas las personas a quienes Biden les dice que pueden entrar”. Agregó que los reclamos son solo por personas que llegaron a Martha's Vineyard.
Mientras tanto, el alguacil del condado Bexar en Texas, cree que los inmigrantes enviados a Martha's Vineyard fueron engañados con fines políticos y que las leyes se violaron.
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“Si les podemos decir que definitivamente nosotros estamos abriendo una investigación criminal en este caso y vamos a ver qué cargos vayan a enfrentar las personas involucradas en este caso”.
Gobernadores de Massachusetts y California también le están pidiendo al departamento de justicia que investigue el traslado de los migrantes, casi todos venezolanos.
