La exmiembro de la junta Escolar de Miami-Dade, Lubby Navarro, acusada de fraude y de hurto mayor tenía fijada una fianza de dos millones de dólares ($2,000,000), pero este viernes se pudo conocer que luego de una audiencia la rebajaron a $100,000.
Antes de pagar la fianza, deberá demostrar que los fondos son suyos. Si paga la fianza, quedará bajo arresto domiciliario y necesitará permiso judicial para viajar, según confirmó NBC6, canal hermano de Telemundo 51.
Viajes, un refrigerador, compras de productos básicos y de electrodomésticos integran parte de los $100,000 en gastos que Navarro, presuntamente, cargó en las tarjetas de crédito que el distrito escolar le asignó, según lo revelado por la fiscalía estatal.
Este jueves, la fiscal estatal de Miami-Dade, Katherine Fernández Rundle y el Inspector General de Miami-Dade, Felix Jimenez, ofrecieron una conferencia de prensa para dar más información sobre el arresto de la exvicepresidenta de la junta escolar de Miami Dade, Lubby Navarro, quien sirvió como miembro de la junta en el Distrito 7.
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Navarro se encuentra en la cárcel de Miami-Dade y está enfrentando dos cargos de hurto mayor y dos cargos de fraude organizado, según los registros de la cárcel.
La orden de arresto firmada por un juez del tribunal de circuito alega que Navarro utilizó tarjetas de crédito del distrito escolar como medio para comprar artículos y bienes no relacionados con la escuela para beneficio personal, dijo la fiscal Fernández Rundle.
La fiscal explicó que estas tarjetas de crédito, también llamadas tarjetas P, se entregan a los miembros de la junta escolar para que compren artículos pequeños que no serían prácticos para pasar por el proceso de adquisición o para acelerar las compras en momentos de necesidad. La orden también detalla que Navarro realizó más de $100,000 en compras personales no autorizadas durante 2022.
Local
Según la información dada por la fiscal en la conferencia de prensa, la investigación comenzó tras la renuncia de Navarro de la junta escolar en diciembre del 2022.
Como Navarro ya había dejado su puesto, la administración debía hacerse cargo de la documentación que explica sus gastos.
“La señorita Navarro dejó su puesto en la junta escolar en diciembre de 2022. Su trámite pendiente de tarjeta de crédito venció en enero de 2023. Las facturas y los estados de cuenta debían conciliarse, esto es algo que generalmente hacen los propios miembros de la junta directiva. Pero en este caso ella ya se había ido y no se reconciliaron, (la junta escolar) tenían muchas sospechas”, explicó la fiscal.
“La oficina del administrador pasó a resolver el papeleo pendiente y la vista inicial de ese mes mostró grandes cantidades de compras de más de $13,000 realizadas en tiendas minoristas (…) incluidas Walmart, Office Depot, TJ Maxx (...) fue entonces que se contactó a la Oficina del Inspector General de Miami Dade".
Lo que se descubrió durante la investigación fue que las compras de Navarro no estaban relacionadas con la escuela, no estaban autorizadas.
Durante la investigación se descubrieron vídeos de vigilancia de tiendas y fotografías que indicaban que Navarro gastó más de $92,000 en compras no autorizadas, como electrodomésticos, electrónicos, ropa, productos de salud y belleza, artículos para el hogar, muebles para el hogar, alimentos y se encontraron más de 178 tarjetas de regalo.
Los registros también revelaron que Navarro gastó más de $9,000 en compras no autorizadas en su carrito de compras de viajes. Esto incluía facturas no autorizadas para viajes aéreos. Se destinó a hoteles, comidas, alquiler de coches y entretenimiento para ella, sus amigos, y sus familiares.
VIAJES A DOMINICANA Y LAS VEGAS
"Llevó a su madre a la República Dominicana. Y llevó a su entonces novio a Las Vegas. Y luego pagó para que la familia de su entonces novio fuera a Disney World", dijo la fiscal Fernández Rundle.
“En esta comunidad, creemos profundamente que nuestros funcionarios electos ocupan puestos no solo de autoridad, sino también de confianza para mejorar las vidas de cada individuo que vive aquí.” dijo la fiscal Fernández Rundle. "Esto es particularmente cierto para aquellos que son elegidos como parte de nuestra junta escolar. No solo se les confía la educación de nuestros hijos, sino que también se les confía la gobernanza general de nuestro sistema de escuelas públicas, se les confía garantizar que esos $8 billones se gasten adecuadamente en educación”.
