Florida

Presentan demanda contra ley de Florida que regula compañías tecnológicas

Asociaciones de EEUU alegan que la nueva ley infringe "excede la autoridad del estado, viola los derechos constitucionales y contraviene la ley federal". 

Dos asociaciones estadounidenses, NetChoice y Computer and Comunications Industry Association (CCIA), presentaron una demanda en un tribunal de Florida contra la ley firmada por el gobernador Ron DeSantis, que regula a las grandes compañías tecnológicas. 

La ley firmada por DeSantis en Miami impide que las redes sociales puedan "censurar" sin consecuencias a sus usuarios, especialmente a los candidatos electorales, y prohíbe expresamente que una red social expulse a un candidato a un cargo electoral. 

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Para las plataformas infractoras en el primer supuesto, la ley estatal prevé multas de 250.000 dólares por día hasta que se restablezca la cuenta. Si el cargo no es estatal, la multa se reduce a 25.000 dólares por día. 

La demanda de NetChoice y CCIA alega que esta nueva ley firmada por DeSantis infringe el derecho a la libertad de expresión y al debido proceso amparados en la Primera y Decimocuarta Enmiendas de la Constitución. 

La demanda interpuesta por estas dos asociaciones de empresas pide "medidas cautelares" y sostiene además que la ley "excede la autoridad del estado, viola los derechos constitucionales de los demandantes y contraviene la ley federal". 

Por ello, los demandantes solicitan a la instancia judicial que la llamada "Ley de transparencia en tecnología" o SB 7072 sea "inmediatamente" neutralizada, antes de que entre en vigor el próximo primero de julio. 

UNA LEY QUE AMPARA "RESTRICCIONES SIN PRECEDENTES" 

La demanda de 70 páginas sostiene que la promulgación de esta ley "restringe" los derechos de la Primera Enmienda al "seleccionar negocios en línea" y que el estado pueda dictar "cómo esas empresas deben ejercer su juicio editorial sobre el contenido alojado" en sitios web privados. 

Los demandantes alegan que esta ley ampara unas "restricciones sin precedentes" que son un "ataque flagrante" a las acciones de moderación de contenido que a diario practican estas empresas privadas. 

Base para "proteger sus servicios y a los usuarios, anunciantes y público en general de una variedad de material dañino ofensivo o ilegal", como la pornografía, el terrorismo, el acoso, la desinformación sobre el COVID-19 o la "falsa propaganda creada y difundida por gobiernos hostiles extranjeros", entre otros. 

Además de posibles demandas de particulares y multas, las plataformas digitales se enfrentarán también a la posibilidad de ser demandadas por la Fiscal General del estado si infringen la SB 7072, bajo la Ley de Prácticas Comerciales Fraudulentas. 

La ley promovida por DeSantis fue aprobada por el Congreso de Florida, donde los republicanos cuentan con mayoría en ambas cámaras. 

Según un comunicado de la oficina del gobernador de Florida, la propuesta aumentaría "la transparencia tecnológica en Florida, particularmente en lo que se refiere a firmas de 'Big Tech' como Facebook, Instagram, Twitter, Apple, Amazon y Google". 

El 8 de enero pasado, dos días después del asalto al Capitolio por simpatizantes de Trump, Twitter anunció la suspensión permanente de la cuenta @realDonaldTrump, que tenía más de 88 millones de seguidores y se había convertido en el gran altavoz público del mandatario. 

La compañía, que había bloqueado temporalmente la cuenta, decidió hacer el veto permanente ante el riesgo de "una mayor incitación a la violencia". Por su parte, el Consejo Asesor de Facebook dio un plazo de 6 meses a la compañía, el 5 de mayo pasado, para reconsiderar el bloqueo indefinido de Trump. 

NetChoice y CCIA, dos organizaciones sin fines de lucro, afirman en la demanda que el "verdadero objetivo" de esta ley es "controlar el discurso privado de empresas políticamente desfavorecidas con plataformas en línea", pero no el de aquellas "favorecidas políticamente" en Florida. 

La demanda fue presentada en un tribunal del distrito norte de Florida contra la fiscal general del estado, Ashley Brooke Moody, funcionarios y comisionados electorales estatales.

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