La Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Florida anunció que 17 empleados de la Oficina del Alguacil de Broward (BSO, por sus siglas en inglés) han sido acusados de fraude vinculado a un programa de préstamos del gobierno federal destinado a ayudar a las empresas afectadas durante la pandemia del COVID-19.
Según el Fiscal Federal para el Distrito Sur de Florida, Markenzy Lapointe, se les señala de obtener de manera fraudulenta préstamos del Programa de Protección de Nómina (PPP, por sus siglas en inglés).
"Los 17 acusados fueron empleados como agentes jurados de la BSO, los 17 están acusados de participar en varios planes para defraudar a la Administración de Pequeñas Empresas de los Estados Unidos al proporcionar información falsa sobre su elegibilidad para recibir asistencia financiera", dijo Lapointe en una conferencia de prensa ofrecida este jueves por la tarde en la que también estuvo el alguacil de Broward, Gregory Tony.
Lapointe aclaró que aunque los oficiales no cometieron los presuntos delitos en el ejercicio de sus funciones, los empleados recibieron colectivamente alrededor de medio millón de dólares, que desviaron para su uso personal.
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"Esto no disminuye de ninguna manera la gravedad de lo que supuestamente los acusados hicieron", dijo el Fiscal Federal para el Distrito Sur de Florida, quien agregó que el fraude no parecía coordinado por ello los 17 empleados están siendo acusados por separado.
Decepcionado ante lo sucedido, el alguacil del condado de Broward, remarcó: "Odio ver que, conociendo a algunas de las personas y viendo los nombres en esa lista como acusados, algunos de ellos eran buenos oficiales (...) Pero eres tan bueno como el último acto y conducta que ejecutas, por lo que si vas a participar en actividades delictivas, no te queremos en esta profesión".
El PPP involucró miles de millones de dólares en préstamos condonables para pequeñas empresas que luchaban con problemas financieros debido a la pandemia de COVID-19. El dinero debía usarse para pagar a los empleados, intereses hipotecarios, alquiler y servicios públicos. Es parte del paquete de ayuda para el coronavirus que se convirtió en ley federal en 2020.
Local
Este no es el primer caso que involucra a las autoridades del sur de Florida y el fraude de ayuda por COVID-19.
Entre otros casos, a principios de este año, un ex oficial de policía de Miami-Dade se declaró culpable de robar alrededor de $285,000 en fondos de ayuda por COVID-19.
Otro ex oficial de policía de Miami también se declaró culpable este año de un caso de fraude de ayuda por COVID-19 que involucró más de $40,000.
