El Parlamento venezolano aprobó este jueves, con los votos de la mayoría opositora, un acuerdo que exhorta al Estado al cumplimiento de las decisiones de organismos internacionales de derechos humanos referidas a los opositores presos y otros asuntos relacionados con la libertad de expresión.
El acuerdo se refiere a las resoluciones de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la que Venezuela no forma parte desde septiembre de 2013, o de organismos de la ONU como el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias o el Comité de Derechos Humanos.
El acuerdo, entre otras exigencias, exhorta a los jueces, tribunales y funcionarios del Estado "a cumplir y ejecutar de forma inmediata decisiones, resoluciones, informes, opiniones, medidas o actos dictados por organismos internacionales de protección de derechos humanos", señala el texto.
La bancada oficialista votó en contra del acuerdo y afirmó que este viola "las normas básicas del derecho internacional público", al interferir con el principio de la "no injerencia en asuntos internos de los países", según dijo en el pleno el diputado chavista Edwin Rojas.
Rojas aseveró además que el contenido del texto va en contra de la Constitución, por lo que, dijo, el oficialismo se reserva "las acciones legales pertinentes" ante la jurisdicción nacional.
El texto aprobado exhorta al Estado a cumplir con los requerimientos realizados por el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de la ONU que instaron a poner en libertad al opositor Leopoldo López, condenado a casi 14 años de prisión por la violencia desatada tras una manifestación que inició las protestas de 2014 y que se saldó con la muerte de tres personas.
Asimismo, el documento pide cumplir la recomendación de Naciones Unidas de liberar al exalcalde de San Cristóbal Daniel Ceballos, detenido en su residencia bajo arresto domiciliario, acusado de promover la violencia durante las protestas que se iniciaron con esa marcha y que acabaron con 43 muertos.
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También llama a responder un requerimiento similar del grupo de trabajo de la ONU sobre el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, también arrestado en su residencia pero, en este caso, acusado de "conspirar" contra el Gobierno de Nicolás Maduro.
El acuerdo parlamentario incluye cumplir con recomendaciones similares del grupo de trabajo sobre los detenidos de esas protestas, entre ellos el dirigente Rosmit Montilla, quien fue elegido diputado en las pasadas legislativas y que permanece en prisión.
La diputada opositora Yajaira Castro afirmó hoy en el pleno que 67 personas permanecen detenidas en relación con las protestas de 2014.
El acuerdo parlamentario solicita además garantizar la autonomía e independencia de los jueces y fiscales en el juicio contra la exjueza María Lourdes Afiuni Mora, a la que ha instado el Comité de Derechos Humanos de la ONU.
Afiuni está siendo procesada por haber presuntamente facilitado la huida del empresario Eligio Cedeño -procesado por efectuar operaciones cambiarias ilegales-, y se encuentra desde febrero de 2010 en régimen de reclusión domiciliaria, con prohibición de hacer declaraciones a la prensa.
Organismos internacionales de derechos humanos, entre ellos Amnistía Internacional (AI), han solicitado a las autoridades venezolanas la liberación de Afiuni alegando que en este caso hay una "indebida interferencia política" por parte del Ejecutivo.
