LA HABANA.- El coordinador de la opositora Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), José Daniel Ferrer, reanudó este domingo la asistencia con comidas y atención médica en la sede de la organización, horas después de deponer una huelga de hambre de 21 días en protesta contra un cerco policial en torno al lugar.
"Unpacu retoma sus labores en favor del pueblo", declaró en un vídeo divulgado en su cuenta de Facebook.
Ferrer y alrededor de una veintena de activistas que desde hace tres semanas permanecían en huelga de hambre decidieron abandonar la protesta después de que fuera levantado un asedio policial de 26 días a la sede de Unpacu en la ciudad de Santiago de Cuba, situada a unos 900 kilómetros de La Habana.
Este domingo, familiares del disidente y expreso político denunciaron a través de las redes sociales que se encontraba incomunicado por un corte del servicio telefónico y de internet.
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La protesta encabezada por Ferrer recibió el apoyo de otras organizaciones opositoras como Cuba Decide y el Movimiento San Isidro, y concitó la atención de representantes del Parlamento Europeo, la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Gobierno de Estados Unidos.
También se interesó por la situación de los huelguistas el arzobispo de Santiago de Cuba, Dionisio García, quien visitó a Ferrer el pasado jueves.
José Daniel Ferrer, de 50 años, integró el "grupo de los 75" disidentes en el año 2003 durante la ola represiva conocida como "primavera negra", liberados entre 2010 y 2011 con una licencia extrapenal tras un diálogo en el que mediaron la Iglesia Católica y el Gobierno español.
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Fue uno de los doce miembros de ese grupo que decidieron permanecer en Cuba tras su excarcelación.
Desde entonces ha sido detenido en innumerables ocasiones, la más prolongada entre octubre de 2019 y abril del año pasado, cuando fue acusado de lesiones, secuestro y atentado por supuestamente agredir a otro hombre.
Por esa causa el líder de Unpacu permaneció seis meses en prisión preventiva hasta que en abril de 2020 le fue impuesta una sanción de reclusión domiciliaria de 4 años y medio tras ser juzgado a puerta cerrada, en un caso que concitó críticas internacionales, entre ellas las del Parlamento Europeo.
El régimen cubano, por su parte, sostienen que Ferrer tiene una "larga trayectoria de acciones de provocación contra el orden público y la legalidad", niegan que se trate de un preso político y le han acusado públicamente de ser un "agente asalariado al servicio de Estados Unidos".
