LA HABANA, Cuba - Jorge, cubano de 35 años, saca su celular de una mochila térmica amarilla que carga en su espalda y muestra un pedido de comida que debe entregar con su bicicleta.
Este repartidor (rider) forma parte de los cientos de miles de cuentapropistas (autónomos) que han surgido en la isla desde que se autorizó esta modalidad hace casi tres lustros. Su actividad tampoco podría entenderse sin la entrada del internet móvil en 2018 y la legalización de las pymes privadas en 2021.
Estos cambios, sin embargo, están evidenciando carencias del sistema. En el papel, Jorge es un autónomo que debería multiemplearse o manejar sus tiempos a gusto. Pero en la práctica actúa como un asalariado, aunque sin algunos de los beneficios de estar en la nómina de una empresa.
"En Cuba pareciera que solo se está importando lo malo", se queja a EFE.
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Falsos autónomos
Jorge -nombre ficticio- trabaja para la aplicación móvil de comida a domicilio Mandao, similar al modelo de multinacionales como Glovo o Uber Eats. De las 11,000 pymes privadas autorizadas en Cuba, es una de las más populares.
Pero la llegada al país socialista de ese modelo de negocio ha traído consigo los mismos problemas con que se han topado Gobiernos y sindicatos en naciones capitalistas.
Tras consultar con dos expertas tres contratos de la empresa -a los que tuvo acceso EFE- con sus riders, ambas subrayaron que son casos de libro de falso autónomo, es decir, que en realidad actúan como asalariados.
Sin embargo, difirieron en dónde situar los límites de la legalidad. La práctica resulta, en todo caso, problemática.
Por ejemplo, la empresa retiene al repartidor un 10 % de cada entrega (en dos de los tres contratos analizados), le obliga a adelantar el pago al establecimiento y le cobra 100 pesos semanales (0,83 dólares, al cambio oficial) por usar la mochila, además de no cubrirlo en caso de accidente. Tampoco fija explícitamente en el contrato cuánto o cómo le paga.
Para Laritza Diversent, directora del centro de información legal Cubalex, con base en EE. UU., esto es una clara violación del Código del Trabajo.
Mandao explicó a EFE que las tarifas se fijan aparte y que no impone horarios, sino que trata de organizar turnos teniendo en cuenta las oscilaciones de la demanda. También señaló que como pyme tiene un tope máximo de cien empleados y defendió que estos contratos son mercantiles y no laborales, al tratarse de cuentapropistas.
En ese sentido, la economista cubana Tamarys Bahamonde estimó que "técnicamente" la firma no está equivocada y que el problema son los vacíos legales de una legislación laboral obsoleta.
"El contrato es un híbrido [entre lo mercantil y laboral]. Hay una ignorancia jurídica de las dos partes", asegura.
En este sentido, Diversent percibe en Cuba "un claro analfabetismo jurídico” y critica que en el contrato se prohíba al repartidor compartir su contenido, algo que considera que le impide asesorarse.
Según Mandao, la ganancia mensual neta de sus repartidores osciló en 2023 entre los 8.900 (74 dólares) y 17.700 pesos (148 dólares). Por su parte, el salario estatal medio se situó en los 4.648 pesos (39 dólares).
Empresas estatales
Pero no todo queda en el sector privado. Otro contrato analizado por EFE, el del portero de un edificio de la inmobiliaria estatal Caribe, exhibe prácticas similares, como la imposición de jornadas laborales y de días de vacaciones, pese a tratarlo como cuentapropista.
EFE trató de contactar a Caribe, pero por el momento no ha obtenido respuesta.
Para Bahamonde, el contrato de la estatal expone que se "está expandiendo la precariedad laboral en Cuba a niveles que no se habían vivido".
"Se supone que el sector estatal debe proteger a los trabajadores. Si el Estado no hace eso, entonces no podremos esperar que el sector privado lo haga", remacha.
Nueva legislación
Consultados al respecto, el Ministerio del Trabajo y la Central de Trabajadores de Cuba (CTC, sindicato único) aseguraron a EFE que hasta el momento no han detectado estas prácticas. O al menos no en una "magnitud estadística" problemática, como matizó Leovanis Agora Góngora, miembro del Secretariado Nacional de la CTC.
En ese sentido, el Ministerio del Trabajo aseguró que este año prevé actualizar la ley que regula a las pymes cubanas.
