El 11 de julio de 2021 miles de cubanos salieron a las calles, en varias ciudades de la isla, para participar de unas inéditas protestas o por lo menos que no se veían en el país desde hace décadas. A dos años de esa emblemática ruptura con años de miedo y control estatal, se cuentan más de 1,000 presos y de 80 exiliados, según Organizaciones No Gubernamentales (ONG) dedicadas a hacer seguimiento a este tema.
Se podría decir que la gente participó en las protestas exigiendo un cambio en las condiciones de vida en Cuba. No era un solo motivo el que los movía, pero sí había un lugar común: la escasez. De alimentos, productos de higiene personal, medicinas, electricidad, pero también de libertad y de derechos humanos. El contexto en el que se desarrollaron las protestas, además incluía las restrictivas medidas que había tomado el régimen para “controlar” los contagios de COVID-19.
Ante las protestas, la respuesta del régimen cubano encabezado por Miguel Díaz-Canel fue la represión y criminalización de los participantes en distintos grados.
"Durante las protestas, y en las semanas posteriores a ellas, las autoridades detuvieron a cientos de personas de forma arbitraria sin informar a sus familiares de su paradero, mantuvieron bajo extrema vigilancia a activistas y periodistas independientes, y realizaron cortes de internet a la población", señalo Amnistía Internacional en uno de sus informes sobre las manifestaciones.
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"Familiares de los detenidos, manifestantes y activistas señalaron que policías y agentes de la seguridad del Estado los acosaron e intimidaron repetidamente; algunos se vieron obligados a abandonar el país a raíz de estas intimidaciones", publicó Human Rights Watch (HRW) en un informe sobre las consecuencias de las protestas publicado en julio de 2022.
LAS CIFRAS DE LA REPRESIÓN
En su último balance sobre la lista de presos políticos en Cuba, la ONG Prisoners Defenders con sede en España, señala que hay 1,047 hasta junio. De acuerdo con su reporte, se ha mantenido un aumento significativo en la media de este tipo de presos desde aquellas protestas.
"Desde enero de 2023, la media de presos políticos que entran en nuestra lista en Cuba es de 19 al mes, algo que multiplica por 4 la media de presos políticos con las que se nutría nuestra lista de Cuba antes de los eventos del 11J", señala la ONG en su informe.
Entre la lista de presos de conciencia, como también son llamados este tipo de detenidos, hay 661 casos vinculados de forma directa al día 11 de julio de 2021. La organización Justicia 11J, señala que al 7 de junio de 2023, 773 personas detenidas durante esas protestas de 2021 seguían privadas de su libertad y 84 habían sido forzadas al exilio tras su liberación.
LA TORTURA COMO CASTIGO
De acuerdo con un estudio publicado en mayo por Prisoners Defenders, en Cuba practicamente todos los presos de conciencia y/o políticos han sufrido algún tipo de tortura.
El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas ya ha expresado su preocupación por la situación "de hacinamiento, insalubridad y falta de ventilación, atención médica deficiente, malnutrición, provisión insuficiente de agua potable y medicamentos en las cárceles cubanas".
Amnistía Internacional, informó en mayo que ha recibido reportes del deterioro de la salud de personas detenidas en Cuba por sus opiniones disidentes y su participación en protestas. "Las autoridades cubanas deben atender de manera inmediata estas situaciones y garantizar el acceso a la salud y la dignidad de todas las personas privadas de libertad", publicó en una carta abierta al "presidente Miguel Díaz-Canel".
DOS CASOS EMBLEMÁTICOS
El artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, quien se encuentra encarcelado desde su intento de unirse a las históricas manifestaciones de julio de 2021 en la isla, se encuentra realizando una huelga de hambre para exigir su liberación, según anunció su novia el pasado viernes 7 de julio.
Junto a Otero Alcántara, Maykel “Osorbo” Castillo Pérez, quien es músico y activista, además de coautor de la canción Patria y Vida, que se convirtió en himno de las protestas se mantienen detenidos y son dos casos simbólicos de los presos de conciencia.
Amnistía Internacional pidió el pasado mes de junio su liberación inmediata al cumplirse un año desde que fueran condenados injustamente a cinco y nueve años de prisión, respectivamente, “en un proceso legal que no respetó las garantías del juicio justo”, según la organización.
“La continua detención arbitraria de Luis Manuel y de Maykel es parte de un patrón de represión basado en encarcelar a toda costa a quienes disienten de las autoridades. Estas detenciones buscan generar un efecto paralizador del activismo y silenciar la libertad de expresión en Cuba”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
“Estas condenas son una muestra de la crueldad que el gobierno del presidente Díaz-Canel está dispuesto a ejercer sobre cualquier persona que critique a las autoridades cubanas. Las autoridades deberían abandonar el uso del sistema penal para reprimir a la población, y tomar las medidas necesarias para garantizar la independencia del Poder Judicial y de la Fiscalía”.
Maykel Castillo Pérez, conocido como “Osorbo”, es músico y activista de derechos humanos. Fue detenido en su domicilio el 18 de mayo de 2021 por agentes de seguridad y ha estado en prisión desde entonces, antes de que se produjera el 11J. El rapero contestatario es coautor de la canción “Patria y vida”, convertido en un himno de protesta.
Otero Alcántara es miembro del colectivo artístico Movimiento San Isidro, uno de los impulsores de las protestas y que se ha opuesto a una ley que según denuncian censura a los artistas. Fue detenido el 11 de julio de 2021 en La Habana, después de anunciar en un vídeo que se uniría a las protestas.
Artistas, músicos y organizaciones de Derechos Humanos han abogado por la liberación de ambos artistas.
El Gobierno cubano, que denunció que las protestas fueron orquestadas desde el exterior, ha insistido en que en todos los casos se ha seguido el debido proceso, pese a las denuncias de ONG y familiares.
FAMILIAS MARCADAS
Anay Hernández se aferra con tristeza a su biblia cuando lee en voz alta una de las cartas de su hijo Adel, preso tras las manifestaciones del 11 de julio de 2021 (11J) en Cuba y, como ella, ferviente cristiano: “Maldito el día en el que nací (...) Dios no está conmigo”.
La mujer, de 55 años y con dos infartos cerebrales, acomoda la pila de misivas en la mesa de la cocina de su casa, en un barrio popular del municipio de Regla en La Habana. En ellas se puede notar como la esperanza de Adel de la Torre, de 27, y menor de dos hermanos, se desvanece poco a poco al paso de los meses.
También proyectan la sensación de impotencia de este joven, condenado a siete años de cárcel por desórdenes públicos y desacato en relación a las mayores protestas que ha registrado Cuba en décadas, unas manifestaciones en su gran mayoría pacíficas y espontáneas, de las que esta semana se cumplen dos años.
"Simplemente estuvo en el lugar equivocado a la hora equivocada", relata su madre, quien aseguró a la agencia Efe que su hijo fue detenido cuando se dirigía a la casa de la abuela. De la Torre siempre ha negado los cargos.
El joven, cuenta su madre, sufre de esquizofrenia y, antes de ser sentenciado, atendió como camillero a víctimas de la explosión por un escape de gas del Hotel Saratoga, en mayo de 2022, en la que murieron 47 personas y decenas resultaron heridos.
INCOMUNICADOS DURANTE MESES
Marta Perdomo, de 59 años, no pudo hablar con sus hijos Nadir (38) y Jorge (39) durante sus dos primeros meses de arresto a raíz de las manifestaciones del 11J. Y no logró verlos hasta pasados cien días.
Durante ocho meses, los hermanos Perdomo estuvieron en cárceles separadas -ahora están en la misma-, ambas en direcciones opuestas y a decenas de kilómetros de la casa familiar, en el municipio de San José de las Lajas.
"Ha sido una tortura muy grande. Es un sufrimiento que no ha acabado", cuenta en una entrevista telefónica.
Nadir y Jorge cumplen ahora sentencias de seis y ocho años, respectivamente, por desórdenes públicos y desacato en una cárcel a unos 30 kilómetros de la cocina en la que antes, todos los días a las cuatro de la tarde, tomaban el café con su madre.
Para visitarlos, su madre ha llegado a gastar 7,000 pesos (unos 58 dólares, al cambio comercial oficial), casi el doble de un sueldo medio en Cuba. Una labor titánica para ella, que trabaja como costurera de barrio.
Así también lo ha sufrido Ana Mary García, de 57 años, madre de Brenda Díaz, mujer trans de 29 años que cumple una sanción de 14 años y siete meses en la sección masculina de una prisión para personas con VIH por desórdenes públicos, sabotaje y desacato en relación con las protestas del 11J.
García, también costurera, vendió su máquina para poder costearse los viajes a la cárcel, casi 80 kilómetros de domicilio, en Güira de Melena. Para el transporte ha llegado a pagar 8,000 pesos.
