Centroamérica

Honduras: reanudan el juicio por el crimen a tiros de la activista Berta Cáceres

La Corte de Apelaciones rechazó una recusación de la defensa; la dirigente ambientalista fue asesinada en marzo del 2016.

GETTY IMAGES

TEGUCIGALPA — El juicio contra el supuesto autor intelectual del crimen de la ambientalista hondureña Berta Cáceres se reanudó este lunes luego de que la Corte de Apelaciones no aceptó una recusación de la defensa contra el Tribunal de Sentencia que conoce el proceso.

Los apoderados legales del encausado, Roberto David Castillo, presentaron durante el inicio del juicio la solicitud de rechazo de los jueces que están al frente del proceso por no estar de acuerdo con algunas resoluciones preliminares.

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“Luego que la Corte de Apelaciones declarara no ha lugar reposición interpuesta por defensa de Roberto Castillo, a quién se le vincula con el asesinato de Berta Cáceres, #TribunalSentenciaNacional programa del 26 de abril al 7 de mayo la continuación del Juicio Oral y Público”, escribió el poder judicial en su cuenta de Twitter.

El director de comunicaciones de la Corte Suprema de Justicia, Melvin Duarte, dijo a The Associated Press que la reanudación del juicio estaba programada para la 1 p.m. hora local, pero comenzó con una hora de retraso.

El equipo de la defensa había solicitado al tribunal el pasado 6 de abril que retrasara el proceso mientras se resolvían tres impugnaciones pendientes y esperaba los resultados de algunos análisis forenses. El tribunal rechazó la solicitud.

Ante eso los abogados de Castillo pidieron a la Corte de Apelaciones que trasladara el caso a otra corte y el juicio entró en un paro, pero el lunes se reanudó al ser rechazada esa solicitud.

El juez Kevin Castel emitió su sentencia en un tribunal de Nueva York.

Berta Cáceres fue ultimada a balazos en su casa de La Esperanza en Intibucá el 3 de marzo de 2016.

Castillo Mejía era el presidente de la empresa Desarrollos Energéticos S.A (DESA), ejecutora del proyecto Agua Zarca, al cual Cáceres se oponía y según la fiscalía fue de donde se ordenó el crimen de la ambientalista.

Previamente fueron condenados en calidad de autores materiales Sergio Ramón Rodríguez Orellana, gerente de DESA; Douglas Geovanny Bustillo, un exmilitar; Mariano Díaz Chávez, un Mayor del Ejército y otras cuatro personas.

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Según el Ministerio Público, hubo un cruce de mensajes y llamadas entre Castillo Mejía y Geovanny Bustillo, quienes hicieron un seguimiento al plan de asesinato.

La fiscalía sostiene que Castillo Mejía aportó logística y recursos y se coludió con el resto de los ahora condenados para matar a la ambientalista.

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