Derogan ley que limita pago a inmigrantes

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    Se resaltó el hecho de que la compañía Commercial Services, con sede en Nashville, empleó a Carlos Martínez a sabiendas de que estaba en el país sin permiso. Como resultado, el juez dijo que Martínez, un sujeto de 39 años que ganaba alrededor de 400 dólares semanales en la compañía, tiene derecho a prestaciones por valor de 45,000 dólares.

    Un juez falló que una ley de Tennessee que limita la cantidad de prestaciones que pueden percibir los trabajadores inmigrantes que carecen de autorización para estar en el país es inconstitucional.

    La decisión se deriva del caso de un guatemalteco cuyo brazo izquierdo resultó gravemente maltrecho cuando se cayó al suelo y fue arrollado por una podadora mecánica.

    En el fallo emitido el jueves, el juez Russell Perkins del condado Davidson dijo que la Constitución del país da al gobierno federal la autoridad para fijar las políticas de inmigración, no a la legislatura estatal. Perkins también se refirió a un fallo que la Corte Suprema emitió en 2012, el cual derogó una ley opuesta a los inmigrantes en Arizona, en el que se mencionaba que la Constitución le da al gobierno federal "poder extenso e indudable en cuestiones de inmigración".

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    Perkins encontró que la legislatura, al limitar las prestaciones a los trabajadores, intentaba establecer lo que equivale a una política estatal de inmigración, pero que eso no podía estar por encima de la ley federal. También señaló que la ley estatal, que limitaba la cantidad de dinero que los empleadores podían pagar, podría alentar a empresas a contratar a obreros que residan sin permiso en el país.

    "Esto socava las metas de la ley federal de migración al proveer un incentivo potencial para que los empleadores evadan la ley", afirmó el juez en su fallo.

    Se resaltó el hecho de que la compañía Commercial Services, con sede en Nashville, empleó a Carlos Martínez a sabiendas de que estaba en el país sin permiso. Como resultado, el juez dijo que Martínez, un sujeto de 39 años que ganaba alrededor de 400 dólares semanales en la compañía, tiene derecho a prestaciones por valor de 45,000 dólares.

    No quedó esclarecido si el estado apelará el decreto. La procuraduría estatal indicó en un comunicado que está revisando la decisión y sopesando sus opciones.

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    Este fue un caso de prueba para desafiar deliberadamente a la ley estatal, dijo el abogado de Martínez, Brian Dunigan. Muchos obreros realizan trabajos peligrosos, y sus jefes no están dispuestos a ayudarlos cuando se lastiman, subrayó.

    "Vemos que se aprovechan de muchas personas en esta área, así que tenemos la esperanza de responder contra algunas de estas leyes injustas", comentó Dunigan.