Algunos oficiales electos temen que algunos de los edificios mas históricos del Sur de la Florida pudieran estar en peligro por un proyecto de ley que está avanzando en Tallahassee. Mientras que la mayoría del Senado Estatal afirma que se trata de proteger la seguridad de residentes y visitantes.
El proyecto de ley fue aprobado por el senado estatal con una votación de 36 a 6. Mientras que el gobernó de Miami Beach estudia como limitar el impacto que la nueva ley tendría en la ciudad.
Miami Beach tiene unos 2600 edificios históricos en sus costas. El comisionado Alex Fernández apunta a la importancia vital para la ciudad.
“Esta ley es una amenaza a la identidad de nuestra ciudad el motor económico de nuestra región y es una amenaza también a los edificios donde está la vivienda más asequible en nuestra en nuestra ciudad”, Fernández.
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Le preocupa el “Proyecto de Ley de Estructuras Resistentes y Seguras” aprobados hoy por el senado estatal de la Florida. La propuesta no permitiría que los gobiernos municipales prohíban que propietarios derriben ciertos edificios.
El Senador Bryan Ávila, republicano de Hialeah, y patrocinador de la ley, dice:
“No todas estas estructuras tienen significado histórico, y con la erosión en la costa y los desastres naturales se convierten en un peligro”
Local
Afirma que se trata de la seguridad.
“Nosotros tenemos regulaciones locales locales que requieren una estructura no está segura tiene que ser corregida y nuestra nuestra ciudad es bastante agresiva en asegurar de que si una estructura está una condición no segura que hay que arreglarla o si no, hay penalidades”, dice Fernández.
Para caer bajo la ley, los edificios deben estar ubicados en zonas costeras en peligro de inundación, no cumplir con los estándares de FEMA para nueva construcción y haber sido calificados como una estructura insegura.
La senadora Ana María Rodríguez, Republicana del sur de Miami Dade, asegura que “nosotros bajo ningún concepto queremos demoler o destruir aquellos edificios que son históricos”.
Una enmienda aprobada por el senado deja fuera a zonas especiales designadas, como Cayo Hueso y San Agustín.
El proyecto de ley además prohíbe que los gobiernos locales impongan condiciones como limitar la altura o el tamaño en la estructura que va a reemplazar el edificio derribado. Aún falta la aprobación de la Cámara de Representante.
