Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordenó a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ocupar la empresa Directv y restituir la señal de la empresa de televisión por suscripción, cuyo servicio fue cancelado por las sanciones impuestas por Estados Unidos al país latinoamericano.
Directv, empresa por cable propiedad de AT&T, se vio obligado a cerrar su negocio en Venezuela, puesto que las sanciones de EE.UU. prohíben la transmisión de los canales de Globovisión y Pdvsa, de obligatoria emisión según los cánones del Ejecutivo de Nicolás Maduro.
Ante la imposibilidad de seguir las transmisiones de Directv, millones de venezolanos se quedaron sin un servicio por el que pagaban un precio simbólico. Muchos lo consideraban un oxígeno en un país en el que la falta de agua y energía es frecuente y el Internet dificulta la reproducción en streaming.
Su ocupación no es un caso único, pues es frecuente la intervención de empresas, así como la fiscalización de precios y de ganancias. Unas medidas que, en teoría, deben repercutir sobre la población pero cuya ineficiencia y falta de profundidad terminan por sacar a flote la economía ilícita que funciona al menos con la pasividad de las autoridades o con su complicidad, según denuncias ciudadanas.
