El Gobierno de Nicolás Maduro calificó de "fraudulenta" la decisión del tribunal estadounidense que autorizó la venta de acciones de Citgo, la principal filial de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), en indemnización a la minera canadiense Crystallex por la nacionalización de un activo.
"Es un proceso jurídico fraudulento, un fraude procesal que pretende arrebatarle al pueblo de la República Bolivariana de Venezuela uno de sus principales o el principal activo que tiene en el exterior", dijo el canciller venezolano, Jorge Arreaza.
El juez federal del distrito de Delaware, Leonard Stark, autorizó que se proceda con la venta de las acciones de Citgo, que demanda a Venezuela el pago de 1.400 millones de dólares por la nacionalización en 2008 del yacimiento de oro Las Cristinas.
Para el Gobierno de Maduro esta decisión forma parte de un "entramado antijurídico" creado por el opositor Juan Guaidó, a quien EEUU reconoce como presidente interino, y el "procurador especial" que el dirigente nombró cuando se proclamo en el cargo en 2019, José Ignacio Hernández.
Según Arreaza, tanto Guaidó como Hernández -a quienes señaló como prófugos de la justicia-, crearon este "entramado" para "apropiarse de los activos" de Venezuela en el exterior y "facilitar la entrega del patrimonio" a "potencias extranjeras mediante un gigantesco fraude procesal".
En ese sentido, remarcó que el "único fin" de este proceso "fue brindar un velo jurídico a la entrega criminal del patrimonio de todos los venezolanos al Gobierno de Donald Trump, a un grupo de empresarios relacionados con este" y a opositores venezolanos, que no precisó.
"Esta sentencia, en las horas agónicas del saliente Donald Trump, confirma que las relaciones internacionales de esta Administración las impulsa el odio, el saqueo, la venganza y el abuso de poder como ejercicio criminal del poder público", agregó.
Venezuela
El canciller venezolano criticó la actuación del juez estadounidense y la calificó de "hostil" por sugerir "a otros acreedores" que se presenten a participar en la "rebatiña" sobre la acciones de Citgo.
Arreaza también dijo que los representantes "legítimos" de Venezuela no han podido formar parte del juicio debido a que se les ha impedido su participación "mediante la imposición de medidas coercitivas unilaterales".
El Gobierno de Donald Trump no reconoce a Maduro como presidente de Venezuela y ha mostrado su respaldo a Guaidó, quien el 23 de enero de 2019 se proclamó presidente interino luego de desconocer el nuevo mandato del líder oficialista por haber ganado en unas elecciones tachadas de fraudulentas.
Días después de su proclamación, EEUU impuso sanciones a PDVSA que incluyeron el bloqueo de los fondos de Citgo con el objetivo de traspasarlos al equipo del dirigente de la oposición.
Desde entonces, Guaidó asegura que busca "proteger" Citgo, pues la empresa enfrenta varias demandas por el incumplimiento de pagos de deudas contraídas por el Ejecutivo venezolano.
Debido a las sanciones impuestas contra el Gobierno de Maduro, los demandantes, entre ellos Crystallex, no pueden tomar acción sobre los activos.
En el caso concreto de la minera canadiense, deberá obtener una licencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro para poder llevar a cabo la operación, debido a las sanciones impuestas por Washington al país caribeño.
