El fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, dijo que su despacho ha acusado por presuntas violaciones a los derechos humanos a unos 1.000 agentes de policía, al tiempo que rechazó un reciente informe que culpa al Gobierno venezolano de vulnerar las libertades fundamentales.
"Nosotros, en más de tres años, un tiempo muy corto (...), hemos logrado por impulso del Ministerio Público la condena de 140 agentes del Estado violadores de derechos humanos (...), pero si me preguntas de imputados, en proceso de ser finalmente condenados, 1.000. Dime tú ¿Cuándo se había visto esto?", dijo Saab.
Declaraciones con las que sale al paso a un informe publicado por una Misión Internacional de Naciones Unidas, en el que acusan al Gobierno de Maduro de cometer crímenes de lesa humanidad.
El documento, adelantado por una misión de verificación de hechos, recoge 223 casos de presuntas violaciones a los derechos humanos perpetradas por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y de los servicios de inteligencia venezolanos, tanto civiles como militares.
Saab rebatió el informe apuntando que no fue elaborado en el terreno, y que el 80% de los presuntos casos de violaciones a los derechos humanos fueron tomados de denuncias difundidas en las redes sociales.
Sin embargo, señaló que "da la casualidad" de que "casi todos los casos" que se reportan en el informe "tienen presos".
Saab dijo durante la presentación de un informe alternativo que 638 personas, entre ellos 603 agentes de los cuerpos de seguridad, han sido imputados por delitos que vulneran los derechos humanos como homicidio, tortura, trato cruel y degradante o violación indebida de la propiedad.
