Se quedarían sin Bono de Navidad los empleados públicos

La Junta de Control Fiscal confirmó este viernes en conferencia de prensa que, debido a que la Legislatura no derogó la Ley 80, certificó un plan fiscal revisado que incluye la eliminación del Bono de Navidad para empleados públicos.

El mismo, contempla una reducción de cerca de $300 millones del presupuesto. 

“Este plan requiere la eliminación del Bono de Navidad, menos fondos para estructura, menos para los municipios, Judicatura y Legislatura”, expresó Ana Matosantos, en un mensaje general que leyó antes de responder preguntas de la prensa.

Matosantos dijo además que aún con estas medidas serán necesarios más recortes y controles. No obstante, el presidente de la JCF, José Carrión, aseguró que el plan no contempla despidos de empleados públicos.

“Es indispensable recortar programas, servicios y la deuda”, manifestó Matosantos.

El gobernador Ricardo Rosselló había llegado a un acuerdo en el que la JCF exigía la eliminación de la Ley 80. Sin embargo, el Senado no dio paso a la medida.

Según dijo Carrión en la conferencia, derogar la ley que exige mesada en caso de despido injustificado lograría un crecimiento de .8 en la economía local. De no hacerlo, el crecimiento sería de .3.

La Legislatura se dispone a aprobar el presupuesto este viernes, que según han anticipado, no va acorde con el de la Junta. Sin embargo, Carrión dijo que si derogaran la Ley 80, el Plan Fiscal revisado quedaría sin efecto.

“No estamos esperando que eso pase”, dijo Carrión.

El presidente de la JCF advirtió que, si el Gobierno no sigue el Plan Fiscal, irán al Tribunal.

Adelantaron la movida al gobernador 

En una carta enviada al gobernador Rosselló Nevares, al presidente del Senado Rivera Schatz y al presidente de la Cámara Méndez Núñez, la Junta declaró que se realizarán cambios al Plan Fiscal del Gobierno como resultado del hecho de que la Legislatura no aprobara la reforma laboral, en parte derogando la Ley por Despido Injustificado de Puerto Rico, también conocida como Ley 80, lo que era un requisito del Plan Fiscal enmendado certificado unánimemente por la Junta el 30 de mayo, el cual contenía un acomodo acordado con el Gobierno de Puerto Rico.

“La Junta tiene la intención de re certificar un Plan Fiscal que refleje el impacto de la inacción de la Legislatura sobre la reforma laboral. Como se detalla en la carta, el Nuevo Plan Fiscal revertirá algunas de las medidas originales contenidas en el Plan del 19 de abril, incluyendo los recortes para adecuar el tamaño del gobierno que hará al sector público más eficiente y menos costoso. El Plan Fiscal mantendrá todas las otras reformas estructural es críticas que son necesarias para mejorar el ambiente de negocios en la Isla, atraer nueva inversión y estimular la creación de empleos”, dijo Carrión en declaraciones escritas.

Detalló que éstas incluyen reformar el sector energético para proporcionar electricidad confiable y a un costo razonable a residentes y negocios, una reforma laboral limitada a la implementación de un Crédito Contributivo por Ingreso Devengado (EITC, por sus siglas en inglés) y programas de beneficencia por trabajo (welfare to work), así como reformas medibles para facilitar los negocios, entre otras iniciativas fiscales importantes.

Indicó que además de las enmiendas al Plan Fiscal del Gobierno, la Junta también hará cambios técnicos al Plan Fiscal de la Universidad de Puerto Rico (UPR), así como al Plan Fiscal de la Autoridad de Transportación y Carreteras (ACT), alineados con los ajustes al Plan del Gobierno.

Peor que el huracán María

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz arremetió fuertemente el viernes contra la Junta por amenazar con eliminar el bono de navidad y otras partidas de fondos, luego que la Legislatura no aprobara la derogación de la Ley 80 de Despidos Injustificados, según el ente federal había acordado con el gobernador, Ricardo Rosselló Nevares.

“La Junta y sus allegados, amenazan sin justificación ni fundamento económico alguno, con eliminar el bono de navidad, las vacaciones, la seguridad en el empleo del trabajador del sector privado, becas para estudiantes, fondos para proyectos de infraestructura y desarrollo económico, entre otras partidas importantes. ¡Amenazan con ser peores que el huracán María! Dicen que nos pueden causar más daño que un fenómeno atmosférico”, dijo el líder senatorial en una publicación en su Facebook.

“La Ley 80 no le cuesta nada al Gobierno, los despidos que provocará derogarla sí nos costarán y mucho. La Junta y sus decisiones, nos costarán cerca de 500 millones de dólares. ¿Qué les parece?”, agregó Rivera Schatz.

Entretanto, explicó que la consideración del Presupuesto del Gobierno de Puerto Rico es un asunto que la Constitución ubica en las manos del gobernador y la Asamblea Legislativa. “Eso es incuestionable. Aprobar un presupuesto menor al que propone la Junta no es suficiente. Quieren una ley para despedir empleados en el sector privado porque eso será, según ellos, bueno para Puerto Rico”, dijo.

Criticó además, que al concluir el próximo año fiscal, la JCF habrá costado apróximadamente $500 millones “sin haber resuelto nada de nada en beneficio para Puerto Rico. Ese dinero pudo pagarse a quienes Puerto Rico les debe dinero, a nuestros acreedores”. Alegó que solo bufetes, consultores, la directora de la JCF, Natalie Jaresko y otros vinculados al ente federal se han beneficiado con sueldos, contratos y negocios.

“Señor Carrión III, hace poco usted habló de IRA, descárguenla ustedes sobre Puerto Rico. Desquítese de lo que le hicieron en el aeropuerto de Nueva York. Tal vez eso le haga feliz. Sé que habrá gente aquí que le aplaudirá a usted y nos acusarán a nosotros porque esos tienen sus propias agendas por encima de lo mejor para Puerto Rico”, finalizó.

Cámara no aprobaría legislación

Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez Núñez, condenó enérgicamente la acción tomada por la Junta y aseguró no aprobarán legislación para eliminar dichos fondos.

“Condenamos esta acción por parte de la Junta la cual tendrá como efecto castigar a nuestros servidores públicos, hombres y mujeres que dieron todo para levantar a Puerto Rico tras el azote de los huracanes Irma y María el año pasado. Esta Cámara de Representantes no va a aprobar ningún tipo de legislación que elimine el Bono de Navidad. Tampoco vamos a quitarle a los municipios partidas de ayuda. Ahora, mas que nunca, nuestros alcaldes y alcaldesas necesitan de nuestra asistencia para mitigar en parte la dramática baja en recaudos registrado tras el impacto de los huracanes”, comentó el presidente de la Cámara mediante expresiones escritas.