La jueza Lauracelis Roques Arroyo, del Tribunal de San Juan, emitió una sentencia a favor del Centro de Periodismo Investigativo (CPI), ordenando que el Registro Demográfico les permita acceso a los certificados de defunción.
La solicitud del CPI es parte de la investigación que llevan sobre las muertes ocasionadas por el huracán María en Puerto Rico.
"Este Tribunal ordena que se permita el acceso a los certificados de defunción, por inclinarse la balanza a favor del derecho constitucional de acceso a la información", lee sentencia firmada por la jueza Roques. El documento fue publicado por el CPI en sus redes sociales.
La semana pasada, tras la publicación de un estudio de la Universidad de Harvard, que apunta a que pudieron haber sido unas 4,645 fatalidades a raíz del huracán, el Registro Demográfico dijo en comunicado de prensa que la Ley no les permitía compartir la información.
"En cuanto al requerimiento del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) sobre los certificados de defunción de cada persona, la Ley del Registro Demográfico define quiénes se consideran partes interesadas para recibir un certificado de defunción que significará el inscrito, si es de dieciocho (18) años de edad o mayor, su padre, su madre, su representante legal, custodio legal o tutor, o los herederos del inscrito. Será además, cualquier menor que a su vez sea padre o madre de un menor para lo cual se autoriza la expedición de actas relacionadas tanto para su persona como para su hijo(a) o una parte interesada será además la señalada mediante orden del Tribunal. La Ley no permite compartir los certificados de defunción con una persona que no demuestre cumplir con los requisitos en Ley", expresaron en ese momento.
Por su parte, el Gobierno aseguró que cumplirá con la orden.
"Un Tribunal determinó que tanto el CPI como CNN son parte interesada. La Ley del Registro Demográfico es clara en que una orden del Tribunal puede convertir a una parte en parte interesada más allá de los requisitos que establece la Ley, que es lo que ocurrió en este caso. Nuestra política, a petición del gobernador Ricardo Rosselló Nevares, es trabajar con estricta transparencia y facilitar el acceso a toda la información pública, por lo que estaremos cumpliendo con lo ordenado recientemente por el tribunal”, expresó en declaraciones escritas el Secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza, Ramón Rosario.
