Piden investigar a Zulma Rosario por recomendar contrato a Educación

El acuerdo es de casi $17 millones.

El senador por acumulación del Partido Popular Democrático (PPD), Cirilo Tirado Rivera exigió el martes al presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, que inicie el proceso de investigación que podría llevar a activar el Articulo 2.2 (f) de la Ley de Ética Gubernamental, para destituir de su cargo a la directora de la Oficina de Ética Gubernamental, Zulma Rosario.

“Ello ante la negligencia crasa presentada por Rosario al violar el Artículo 4.2 (s) de la referida ley. La irregular participación de Rosario en la otorgación del contrato de 16.9 millones de dólares del Departamento de Educación, para la campaña de valores, es una acción que inequívocamente pone en duda la imparcialidad e integridad de la Oficina que dirige”, dijo Tirado Rivera en declaraciones escritas.

“Es indignante que Zulma Rosario acepté hoy, que fue ella quien recomendó un contrato, que también ha defendido públicamente en los medios de comunicación. Esta acción imprudente está en clara violación a la Ley de Ética Gubernamental. Los funcionarios públicos tienen que proteger la integridad e imparcialidad de las oficinas que tienen a su cargo, mucho más cuando se dirige la Oficina que tiene el deber en ley de fiscalizar la pulcritud de los procesos gubernamentales. Rosario defiende un contrato en que admite que fue participante principal en su concertación, cuando sabe que se pueden presentar querellas relacionadas ante su oficina. Si el Gobernador no le exige la renuncia, el presidente de la Cámara tiene que comenzar la investigación que podría llevar a que el Senado pase juicio sobre los desmanes de Zulma Rosario y a su eventual destitución”, afirmó Tirado Rivera.

Para el senador la licenciada Zulma Rosario “perdió toda credibilidad para evaluar cualquier querella que denuncie un conflicto de intereses sobre funcionarios públicos, e infringió la ley al actuar como cabildera de una compañía norteamericana. El Articulo 4.2 (b) de la Ley de Ética Gubernamental prohíbe que un funcionario público se valga de su puesto para buscar beneficios para terceros. Además, el Artículo 4.2 (a) prohíbe a las agencias solicitar beneficios de una agencia o entidad que reglamenta”.

“Rosario está descalificada para sus funciones como directora de la OEG, ya que es ella la que evalúa informes de ética, identifica posibles conflictos de intereses e impone multas y sanciones. ¿Con qué fuerza moral puede ejercer su cargo? Por el bien de la Oficina de Ética Gubernamental debería renunciar inmediatamente”, sentenció.

La pasada semana la secretaria del Departamento de Educación, Julia Keleher anunció la implementación de un programa para enseñar valores en las escuelas públicas y la contratación de una compañía norteamericana, por $16.9 millones. Dicha compañía supuestamente tuvo contratos bajo la Administración de Luis Fortuño, quien nombró a la licenciada Rosario a su cargo. La empresa había trabajado en un esfuerzo similar, y no ha podido demostrar resultados positivos según indicó Tirado. 

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