El representante del Partido Popular Democrático (PPD), Ramón Luis Cruz Burgos, informó el jueves, que presentó evidencia que supuestamente demuestra que la derogación de la ley 80 crearía un mercado de pólizas de seguro en Puerto Rico en beneficio directo de la empresa que preside José Carrión, tercero.
“El presidente de la Junta de Control Fiscal (JCF), José Carrión, tercero, es también el presidente de la Junta de Directores de la empresa HUB International CLC. Esa empresa ofrece en el mercado de seguros pólizas conocida como “Employment Practices Liability Insurance” (EPLI) que protegen a patronos en casos de demandas por despidos injustificados. Actualmente, la existencia de la Ley 80 hace innecesario que los patronos adquieran esa cubierta de seguros pues su riesgo está limitado al pago de mesada. Sin embargo, al eliminarse la Ley 80, se abriría un mercado millonario en Puerto Rico para la venta de ese tipo de producto”, indicó Cruz Burgos en declaraciones escritas.
El portavoz alterno del PPD en la Cámara mencionó que posee evidencia que supuestamente señala que la misma página electrónica de la empresa HUB International CLC indica que toda persona que tiene empleados debe adquirir una póliza EPLI para evadir el riesgo de demandas por despidos irrazonables e injustificados.
“El obstinado reclamo del señor Carrión, tercero, y la Junta de Control Fiscal en la eliminación de la Ley 80 plantea serios conflictos de interés pues tanto éste, como la empresa, que preside se beneficiarían económicamente con la eliminación de dicha ley. Obviamente, el gobernador de Puerto Rico conoce este conflicto, y ha consentido y defendido el enriquecimiento del señor Carrión, tercero, a costa de la eliminación de derechos laborales. Resta preguntarse si la legislatura de Puerto Rico habrá de prestarse para legislarle beneficios económicos al señor Carrión, tercero, y a su empresa mientras éste utiliza el poder de la JCF como herramienta de negocios” concluyó indicando Cruz Burgos.
Por otro lado, la Junta de Supervisión y Administración Financiera emitió la siguiente declaración:
“La propuesta derogación de la Ley 80, junto a otras medidas como la implantación del crédito contributivo por ingreso devengado y las medidas para incorporar a la fuerza laboral a beneficiarios de programas de asistencia social (“welfare-to-work”), es parte de la reforma laboral que es—junto con otras reformas estructurales—parte integral del Nuevo Plan Fiscal recertificado unánimemente por todos los miembros de la Junta de Supervisión. La Junta ha presentado públicamente voluminosa información y estudios evidenciando los beneficios económicos y de creación de empleos—sobre todo para los pequeños y medianos comerciantes—de flexibilizar la reglamentación laboral vigente en Puerto Rico para hacerlo más competitivo y traer más inversión a la Isla. La alegación de que la propuesta derogación de la la Ley 80 tiene como propósito beneficiar económicamente al presidente de la Junta de Supervisión es no sólo totalmente absurda, irresponsable y libelosa, sino que demuestra, además un total desconocimiento de la industria de seguros y la naturaleza de sus productos y servicios.”
