La Cámara de Representantes, en Sesión Ordinaria, aprobó el lunes de forma unánime, una medida que le permite a las víctimas de violencia doméstica detectar la presencia del agresor sujeto a supervisión electrónica a través de aplicaciones en los celulares.
El Proyecto de la Cámara 713, de la autoría de los representantes Félix Lassalle, José “Che” Pérez Cordero, Joel Franqui Atiles y Michael Abid Quiñones Irizarry, enmienda la “Ley para Crear el Programa de Vigilancia, Protección y Prevención para atender los casos de violencia doméstica agravada”.
Se informó en declaraciones escritas que la enmienda consiste en permitir a los tribunales ordenar al Programa de Servicios con Antelación al Juicio (PSAJ) del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) proveerle a la víctima de violencia doméstica una aplicación para ser utilizada en los celulares o relojes inteligentes para que puedan detectar a su agresor dentro de la distancia dispuesta por la orden judicial.
Según la pieza legislativa, dicha aplicación podrá detectar la presencia de su agresor mediante el Sistema de Posicionamiento Global (GPS, por sus siglas en inglés) y así permitirle a la víctima notificar a la policía cuando su vida o su seguridad puedan estar en peligro. El PSAJ y la Oficina de la Procuradora de las Mujeres estarán a cargo de desarrollar o adquirir la aplicación que cumpla con estos fines.
Asimismo, se dio por recibido el informe final de la Resolución de la Cámara 2, que investiga los problemas económicos, sociales, educativos, recreativos, de salud, ambientales, de infraestructura, seguridad, servicios para las personas con impedimentos que están afectando el desarrollo de los municipios que componen parte de la Región Sur de Puerto Rico.
Según el informe de la Comisión de Desarrollo Integrado de la Región del Sur recomendó al Departamento de la Vivienda (DV) agilizar los procesos de entrega de las viviendas desocupadas y reparadas en la comunidad de Vista Hermosa del municipio de Juana Díaz. Además, de informarle al Departamento de Agricultura (DA) a que orienten a los pescadores que utilizan las instalaciones de la Villa Pesquera de Juana Díaz con el fin de que se registren como agricultores bona fide y se puedan beneficiar de los programas, incentivos y otras ayudas existentes.
De igual forma, se solicitó a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) a acelerar los trabajos de restablecimiento del sistema eléctrico del municipio de Jayuya y al DTOP a evaluar la posibilidad de ceder al municipio de Jayuya el uso de las instalaciones que albergaban las oficinas del DTOP con el propósito de ampliar su programa de reciclaje.
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Se confirmó la Resolución de la Cámara 421, para examinar la “Ley de Navegación y Seguridad Acuática de Puerto Rico” y cualquier otra ley aplicable a la contaminación de ruidos en las playas de Puerto Rico y conocer si se está fiscalizando el uso de equipo y maquinaria que exceda los niveles de decibeles establecidos, entre otros; la Resolución de la Cámara 451, que ausculta la viabilidad de que los Tribunales de Justicia tengan salas especializadas en asuntos laborales; la Resolución de la Cámara 481, para estudiar los matrimonios llevados a cabo en Puerto Rico con menores de 16 años e informar qué acción ha realizado el Departamento de la Familia (DF) y el Registro Demográfico de Puerto Rico (RD) para disuadir o educar a estos menores a que el Código Penal de Puerto Rico 2012 tipifica como delito las relaciones sexuales entre menores de 16 años; y la Resolución de la Cámara 592, que extiende el término para rendir informes de la Comisión de Salud.
El pleno concurrió con las enmiendas del Senado de Puerto Rico en la Resolución Conjunta de la Cámara 253, para reasignar fondos al Municipio de Arecibo para la compra de materiales de vivienda; y la Resolución Conjunta 254, que también reasigna fondos para el programa de Infraestructura en la Zona rural y Urbana de la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias (ADEA).
Además, el Cuerpo Legislativo favoreció el Proyecto del Senado 742, de la autoría del presidente del Senado Thomas Rivera Schatz, que crea la “Guía Uniforme para Casos de Relocalización del Padre Custodio” con el objetivo de establecer los requisitos que tomarán en consideración los jueces para que les permita tomar decisiones que fomenten la sana relación de los padres y el menor.
