Juez bloquea orden de Trump contra ciudades santuario
La decisión judicial significa otro revés para el gobierno en temas migratorios.
Por TELEMUNDO LOCAL ••
Un juez federal en San Francisco bloqueó temporalmente la orden presidencial de negarle fondos a las ciudades santuarios.
Un juez bloqueó el martes la orden del presidente Donald Trump de cortar fondos federales para las ciudades que ofrezcan protección a los indocumentados, conocidas como ciudades santuario, según AP.
El fallo fue realizado por la Corte de Distrito en San Francisco, California, y fue firmado por el juez William Orrick en respuesta a una moción presentada por el Condado de Santa Clara contra el decreto del presidente.
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La Supervisora del Condado de Santa Clara, Cindy Chavez, no ocultó el martes su beneplácito por el fallo.
“Estamos luchando por la Constitución de Estados Unidos y tuvimos éxito luego que la administración Trump tratara de hacerlo. La decisión de la Corte es un triunfo para la gente más necesitada en nuestra nación”, dijo.
CHICAGO - JUNE 07: The Chicago skyline with Lake Michigan in the background are visible from atop the Sears Tower Skydeck observation deck June 7, 2006 in Chicago, Illinois. Completed in 1973, the Sears Tower at 1,450 feet tall is the tallest building in the US and a popular location for tourists. (Photo by Tim Boyle/Getty Images)
Recientemente, el alcalde de Chicago confirmó que la ciudad es "santuario" para inmigrante, por ejemplo.
Para muchos, todavía es un misterio qué significa que una ciudad sea santuario y cómo se traduce tal calificación en la calidad de vida de quienes a ellas emigran.
Las ciudades santuario son lugares que resultan más favorables para la reinserción de inmigrantes y donde consiguen más apoyo de la comunidad.
Su nacimiento está atado a un movimiento de la década de los '80, en el momento que algunos sitios de Estados Unidos recibieron a nuevos habitantes que huían de la violencia y persecución en sus países de origen y que infructuosamente trataban de obtener protección estadounidense a través de la figura del asilo político.
En ese entonces, conceder el asilo representaba el reconocimiento implícito de las violaciones a los Derechos Humanos que eran cometidas por gobiernos aliados de Estados Unidos en Centroamérica.
La semilla del movimiento se sembró cuando en 1982 una iglesia en Tucson le dijo al gobierno que estaba dispuesta a violar leyes migratorias para ser un “santuario” que brindara protección a quienes, sin documentos, buscaban una nueva vida en Estados Unidos.
Esa fue la primera de cientos de congregaciones que abrieron sus puertas a partir de esa decisión, muchas de ellas porque veían en el extranjero la imagen del “Cristo sufriente”.
El pionero de esta iglesia de Tucson fue el reverendo John Fife, quien tuvo claro desde el principio que las autoridades no podían irrumpir en centros religiosos.
San Diego, Los Angeles, San Francisco, Miami, Filadelfia, Chicago, Seattle, Houston, Phoenix, Austin, Dallas, Washington D.C., Detroit, Salt Lake City, Minneapolis, Baltimore, Portland, Denver y New York City son solo algunos de los sitios donde proliferaron los templos que fungieron como santuarios y que hoy tienen alta concentración de población extranjera.
La categorización de "ciudad santuario" puede darse por la decisión de una localidad de asumir posturas específicas frente a la inmigración indocumentada o puede ser también producto de reglas no escritas pero que en la práctica favorecen al inmigrante
Por ejemplo, Chris García, alcalde de Cudahay en Los Ángeles busca formalizar su condición de santuario a través de una medida que emitió y quien dijo “con esto le decimos específicamente a ICE que conocemos sus leyes para detener indocumentados, pero Cudahy no va a gastar un centavo cooperando en las deportaciones”.
En medio de la controversia, voces que se oponen y apoyan a las ciudades santuarios se han hecho escuchar. El presidente electo Donald Trump dijo que son "una desgracia", mientras el congresista Luis Gutiérrez dijo que son la respuesta a un sistema de inmigración que está "roto".
La discusión sobre si la protección que ofrecen contraviene leyes o afecta a las poblaciones sigue en curso.
El Senado discute actualmente una propuesta para recortar los fondos que reciben y para obligarle a cooperar con las autoridades federales.
También la Cámara Baja trabaja su propio proyecto de ley. En la foto, inmigrantes separados se reúnen en la frontera con México.
En un estudio reciente de Rasmussen Report, se dio a conocer que 62% de los encuestados están en contra de las ciudades santuarios y 58% es proclive a que se eliminen los fondos federales que reciben. Estas opiniones son más fuertes entre quienes se identificaron como prorepublicanos. EN la imagen, inmigrantes a punto de ser deportados.
Justamente el martes, el secretario de Justicia, Jeff Sessions, se había reunido con 15 alcaldes de ciudades santuario para tratar el espinoso tema.
Las ciudades santuario son aquellas que se niegan a colaborar con las autoridades federales para deportar a los indocumentados y a los inmigrantes que han cometido algún delito.
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"Nos complace que los alcaldes que se reunieron hoy con nosotros nos aseguraron que quieren cumplir con la ley", había dicho Sessions en un comunicado tras la reunión con los 15 alcaldes.
"Todos queremos que estas jurisdicciones apoyen con entusiasmo la ley de Estados Unidos, que requiere la expulsión de extranjeros criminales, como muchas jurisdicciones ya hacen", añadió Sessions, quien no detalló si en la reunión se habló de los principales puntos de fricción entre el gobierno y las llamadas "ciudades santuario".
Durante la campaña electoral, Trump prometió que acabaría con las "ciudades santuario" y, en su primera semana en el poder, ordenó que se dejarían de otorgar subvenciones federales a esos territorios del país, a no ser que comiencen a cooperar con las autoridades de inmigración.
Esa retirada de fondos aún no se ha producido, pero el Gobierno ya ha dado varios ultimátum a las "ciudades santuario".
El último ultimátum se produjo el viernes cuando el Departamento de Justicia amenazó con recortar fondos a nueve jurisdicciones si, antes del 30 de junio, no demuestran que están colaborando con las autoridades federales y que les están informando del estatus migratorio de las personas detenidas.
