motín en ecuador

Quemados y mutilados: recuperan 61 cuerpos del masivo motín en una cárcel de Ecuador

Dos bandas se enfrentaron durante varias horas dentro de la cárcel, por lo que se necesitaron 900 policías para controlar la situación.

Telemundo

GUAYAQUIL, Ecuador — Las autoridades informaron que solo se pudieron levantar 61 cuerpos de los 68 que dejó el masivo motín en una cárcel de Guayaquil. El estado de los cuerpos es variado, pues algunos fueron quemados y mutilados en medio de los enfrentamientos, por lo que solo han podido tomar huellas dactilares de 45 de los 61 cuerpos.

Las señales de que un ataque dentro de la mayor cárcel de la ciudad ecuatoriana de Guayaquil era inminente no podían ser más claras.

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Entre los internos de la Penitenciaría del Litoral ya se hablaba desde hacía días que venía un ataque de un grupo contra otro, pero el principal indicio llegó la madrugada del viernes: la policía detuvo a tres hombres que intentaban introducir a la prisión dos fusiles, cinco pistolas, tres granadas, cientos de cartuchos y hasta barras de dinamita.

La policía reportó las capturas y el decomiso, y horas después reveló algo que dentro de la cárcel ya sabían los presos: los tres detenidos eran internos que pertenecen a alguna de las bandas que operan dentro y quienes salieron para abastecerse de armas.

Lo que pasó horas después sólo confirmó que ya había más armas dentro: la noche del viernes, se desató un ataque y enfrentamientos entre facciones rivales que se extendieron hasta la madrugada del sábado y que dejó al menos 68 reos fallecidos y 25 más heridos, en la más reciente masacre dentro del sistema penitenciario ecuatoriano.

CÓMO SE VIVIÓ EL MOTÍN DENTRO DE LA CÁRCEL

Las autoridades tardaron varias horas el sábado para controlar la situación en la cárcel y utilizaron a 900 policías para entrar e intentar restablecer el orden en la Penitenciaría del Litoral, en la ciudad costera de Guayaquil.

The Associated Press contactó a un preso en uno de los 12 pabellones que integran la prisión y habló sobre lo que ocurrió antes del enfrentamiento y cómo operan los distintos grupos para abastecerse de armas. La AP verificó la identidad del interno, quien pidió no ser identificado por temor a que lo maten.

El recluso que habló con la AP está en la penitenciaria desde hace cinco años, pagando una condena de 25 por asesinato. Él asegura que no es miembro de ninguna de las bandas y que intenta mantenerse neutral.

Dijo que días antes ya se escuchaba entre los presos que otro ataque era inminente y que se decía que el blanco sería el pabellón dos y el conocido como “transitoria”, a donde llegan los nuevos internos y esperan a que haya espacio para acomodarlos. Y los dichos se cumplieron.

La balacera, aseguró, empezó a las 7 p.m. del viernes y él se escondió debajo de su litera de cemento en un celda de unos ocho metros cuadrados y en la que permanecen 12 reclusos. Pidió no identificar el pabellón en el que él se encuentra para evitar que pudiera ser identificado.

Marlene Palma esperaba junto a una morgue municipal la restitución de la cabeza de su hijo.

La Penitenciaría es un sitio diseñado para 5,000 internos, pero actualmente hay más de 8,500 presos. Ahí están detenidos los líderes de las principales bandas que operan en el país y que se disputan el narcotráfico a pequeña y gran escala y la extorsión.

Autoridades y expertos han dicho que las bandas criminales ecuatorianas tienen conexiones con los cárteles mexicanos rivales de Sinaloa y Jalisco Nuevo Generación, que se disputan rutas del gran tráfico. Ecuador es un país de tránsito de drogas, pero también de consumo interno.

Hace unos días, Pablo Arosamena, el gobernador de Guayas, cuya capital es Guayaquil, dijo a la prensa que las ganancias por el tráfico al menudeo o “microtráfico” son muy grandes y explica la búsqueda del control: dijo que le han reportado que un ladrillo de un kilogramo de cocaína cuesta fuera de Ecuador hasta $35,000, pero cuando lo venden dentro del país le pueden sacar ganancias de más de 100,000.

Los heridos son 80.

Las autoridades han dicho que buscan contener la situación y entre otras cosas han colocado una red de inhibidores de señal para evitar que los presos se comuniquen con el exterior. Pero eso no parece funcionar: la AP habló con el reo a través de un teléfono celular. “Eso no sirve de nada, acá tenemos mejor señal que afuera”, dijo.

Una de las preguntas que siempre aparece cuando ocurre una masacre dentro de la prisión es cómo se abastecen las bandas de armamento.

El interno comentó que hay colusión entre los presos y los custodios y que saben que las armas entran en los camiones de comida, e incluso “a veces por miembros de la policía”. Además, dijo, “la mafia siempre trabaja apretando a las familias de los guías”, dijo en referencia a las presiones que reciben los custodios, conocidos internamente como “guías”.

Pero incluso a veces salen algunos de los presos, como los tres que la policía detuvo el viernes, horas antes del enfrentamiento.

Fue una cárcel en Columbia, Carolina del Sur.

“Ellos son emisarios de los jefes, ellos tienen que salir y regresar, porque si no regresan se mueren, aquí los jefes controlan todo”, dijo el recluso entrevistado y refirió que en la cárcel se dice que si se quiere una pistola en la calle la consiguen por unos $1,800, porque dentro la ofrecen en $4,000.

El general Marco Villegas, delegado de control penitenciario de la Policía, dijo que los tres reos que intentaron meter las armas habrían saltado una pared para llegar a la calle, donde alguien se las había dejado para que ellos las recogieran y las intrudujeran.

Las autoridades han declarado sucesivas emergencias carcelarias y estados de excepción para acabar con las matanzas y la violencia de ese recinto, y han enviado cientos de policías a hacer requisas, pero sin el menor éxito hasta ahora.

De acuerdo con la constitución, vigente desde el 2008, la policía no puede permanecer en el interior de las prisiones, y los miembros de las fuerzas armadas no pueden ingresar ni aún en situaciones de violencia extrema.

“El gobierno es responsable por omisión”, dijo a la AP el abogado y constitucionalista Joffre Campaña, fundador de la organización Goberna & Derecho.

Aseguró que ni la crisis carcelaria ni la delincuencia se van a resolver con estados de excepción o “retomando el control” cada semana. “Es un problema estructural, complejo, y sólo nos dan respuestas coyunturales y populistas”, añadió.

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