La embajada saudita en Teherán fue atacada este sábado en la noche por grupos de manifestantes que protestaban contra la ejecución en Arabia Saudita del clérigo chiíta opositor Nimr Baqir al Nimr, destacado líder de la Primavera Árabe en el país.
Según informó la agencia Isna los manifestantes se reunieron frente a la embajada saudita gritando proclamas contra ese país y algunos penetraron momentáneamente en la legación diplomática, que al parecer registró algún incendio en su interior por el lanzamiento de cocteles molotov y que los bomberos sofocaron.
El ministerio iraní de Exteriores hizo un llamamiento a la calma después de que la policía dispersó a los encolerizados manifestantes y emitió un comunicado en el que pidió respetar las embajadas.
Horas antes, el Ministerio saudita de Asuntos Exteriores había convocado al embajador iraní en Riad para protestar por "las declaraciones agresivas" que el portavoz de Exteriores de ese país, Hosein Yaber Ansarí, ofreció para denunciar la ejecución, en las que llegó a decir que el Gobierno saudita "pagará duro" esa medida.
El Gobierno de Irán, mayoritariamente chiíta y rival regional de Arabia Saudita, de mayoría sunita, convocó posteriormente también al encargado de negocios saudita.
Al Nimr fue ejecutado este sábado después de que en octubre pasado el Tribunal Supremo confirmara su condena a pena de muerte por desobedecer a las autoridades e instigar a la violencia sectaria.
Junto con Al Nimr fueron ejecutadas otras 47 personas condenadas por terrorismo, en una demostración de mano dura que encendió la ira de la comunidad chiíta en Oriente Medio.
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Esa ejecución en masa y simultánea, realizada en 12 zonas del país mediante decapitaciones por sable y fusilamientos, es la mayor realizada en décadas en el reino saudita, donde desde la llegada al trono de Salman bin Abdelaziz a principios de 2015 se ha disparado la aplicación de este tipo de castigos.
El año pasado se realizaron 150 ejecuciones en el país, que sigue una estricta versión de la sharía o ley islámica, según organizaciones de Derechos Humanos, una cifra muy superior a las 90 de 2014.
La mayoría de los ejecutados el sábado -45 sauditas, un egipcio y un chadiano- son extremistas sunitas, algunos destacados miembros de Al Qaeda, pero entre ellos figuran también cuatro chiítas como Al Nimr.
Algunos de los ataques imputados a los sunitas son los registrados contra varios complejos residenciales occidentales en Riad en 2004, y contra empresas petroleras, el Ministerio del Interior o el consulado estadounidense en Yeda en 2005.
La campaña terrorista lanzada por algunos grupos para desestabilizar al régimen saudita en mayo de 2003, que fue contestada con una lucha sin cuartel de las fuerzas sauditas, causó decenas de muertos.
En cuanto a los chiítas, esa minoría también ha sido blanco de las autoridades, después de que entre 2011 y 2013 se registraran manifestaciones y ataques contra la Policía en la región de Al Qatif.
Al Nimr fue detenido en julio de 2012 por apoyar los disturbios y a grupos terroristas contra las autoridades sauditas en Al Qatif, en el este del país y de mayoría chiíta.
También fue muy polémica la condena a muerte contra su sobrino Ali Mohamed al Nimr y otros dos jóvenes chiítas, detenidos cuando eran menores de edad.
Las reacciones a la ejecución del clérigo llegaron de grupos y dirigentes chiítas de países como Irán, Baréin, Líbano o Irak, agudizando las ya crecientes tensiones sectarias.
En el Líbano, el grupo chiíta Hizbulá responsabilizó a Estados Unidos por la ejecución, al ser un aliado del régimen saudita, e instó a la comunidad internacional a condenar ese "crimen odioso".
Por su parte, el vicepresidente del Consejo Superior Chiíta, el jeque Abdul Amir Qabalan, calificó la acción de "grave error" y "acto peligroso": "Es un crimen contra la humanidad que tendrá repercusiones en los próximos días (...) un llamamiento a la escisión y a avivar la división", subrayó.
Esas repercusiones se vivieron ya en Barein, donde la mayoría chiíta se lanzó a las calles y protagonizó enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.
Los manifestantes enarbolaron fotografías de Al Nimr y entonaron lemas que pedían la muerte para la familia gobernante saudita Al Saud y contra la monarquía bareiní, que profesan el islam sunita.
También la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, condenó "el uso de la pena capital en todas las circunstancias y en particular en casos de ejecuciones en masa" y alertó de que lo ocurrido puede aumentar las tensiones sectarias en la región.
Ante las críticas, las autoridades sauditas defendieron su decisión alegando que todos fueron sometidos a juicios justos, con todas las garantías y en aplicación de la ley islámica.
El comunicado del Ministerio del Interior anunciando las ejecuciones estaba precedido por versículos coránicos que justifican el uso de este castigo.
Del mismo modo hizo el mufti saudita, la máxima autoridad religiosa, Abdulaziz al Sheij, para quien son "legítimas" y tienen el objetivo de "defender la seguridad y estabilidad" del país.
En una rueda de prensa y al ser preguntado por Al Nimr, el portavoz de Interior, Mansur al Turki, solo indicó que "el reino saudita aplica sus fallos judiciales legales independientemente de la persona".
El analista saudita Munif al Sofaqui dijo a EFE que el clérigo opositor "no fue condenado por ser chiíta sino por estar implicado en delitos de sangre".
En su opinión, el Gobierno saudita busca con estas ejecuciones "asustar y disuadir" a los terroristas y a aquellos que simpatizan con la ideología extremista, mostrándoles su "dureza" en la lucha contra esta lacra.
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