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Revés a AMLO: Corte de México revierte prisión preventiva por delito fiscal

La Corte dijo que la cárcel sería considerar culpable a alguien sin respetar la presunción de inocencia.

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EFE / Archivo

CIUDAD DE MÉXICO - México no podrá encarcelar de oficio de manera preventiva a las personas acusadas de corrupción, como quería el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque la Suprema Corte anuló partes de una reforma legal que establecía esa medida.

López Obrador consideró el martes que la decisión “va en la línea de seguir protegiendo a la corrupción” desde el Poder Judicial. El alto tribunal, según explicó en un comunicado, sostuvo que varios artículos de esa normativa eran inconstitucionales porque la prisión preventiva debe ser “una medida cautelar excepcional” que sólo se tome cuando existe un riesgo comprobado de fuga y no por el tipo de delito.

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México, que tiene 43% de los presos sin sentencia -más de 94,000-, ha sido criticado por organismos internacionales de derechos humanos por el abuso de la prisión preventiva.

Sin embargo, en su intento por parecer implacable contra la corrupción, el presidente avaló una reforma para convertir estos delitos en crímenes graves, parte de la cual fue anulada por la Suprema Corte.

Durante su conferencia matutina, el mandatario arremetió contra la sentencia del alto tribunal divulgada la víspera y afirmó que una de las asignaturas pendientes de México es lograr “que no esté la justicia al servicio del dinero, de los poderosos”.

No obstante, aseguró que acataría la decisión y destacó que el pronunciamiento de la Corte demuestra que hay división e independencia de poderes en México, algo que “no sucedía antes”.

En la riña intervinieron por igual diputados y diputadas que pasaron de los insultos al pleito.

Los artículos considerados inconstitucionales por la Suprema Corte son los que aplicaban de oficio la prisión preventiva en los delitos de contrabando, defraudación fiscal y los relacionados con la expedición, enajenación, compra y adquisición de facturas falsas.

La decisión judicial llega poco después de que se generara una gran polémica por la divulgación de las fotografías de Emilio Lozoya, exdirector de la paraestatal petrolera Pemex y actual testigo protegido de la fiscalía, en un restaurante de lujo a pesar de estar bajo proceso en un caso de corrupción por cientos de millones de dólares.

Y también cuando la fiscalía general intenta encarcelar a 31 académicos en una prisión de máxima seguridad porque asegura que recibieron indebidamente unos $2.5 millones en fondos del gobierno hace varios años aunque las leyes de aquel momento permitían dichas aportaciones.

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