Las marchas y súplicas de los inconformes no sirvieron de nada. En medio de la polémica, el presidente de México promulgó la Ley de Seguridad Interior pero solo para heredar la desición final a la Suprema Corte de Justicia.
"No emitiré declaratoria de protección de seguridad interior en los términos de esta ley hasta que el máximo tribunal decida sobre su constitucionalidad", dijo el presidente Enrique Peña Nieto.
La disposicion publicada en el Diario Oficial de la Federación ha sido rechazada por miles de mexicanos que han participado en las movilizaciones para impedir que progresara, y juntaron mas de 400,000 firmas en dos semanas, por que creen que estas medidas solo militarizarán al país y aumentarán la violencia.
"Estamos verdaderamente tristes de que nuestras autoridades, nuestros representantes hayan decidido ignorarnos", dice Víctor, uno de los ciudadanos que se oponen a la ley.
Por su parte, los defensores de la propuesta aseguran que el ordenamiento está planeado para traer bienestar y paz a este país golpeado por la violencia.
"El gobierno ha tomado decisiones para lograr un México más seguro", afirma el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
La Suprema Corte iniciará a la brevedad el análisis de esta ley e integrará los recursos en su contra que se presenten dentro de los próximos 30 días, con el fin de escuchar todas las voces en este caso.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos anunció ya que expresará su oposición ante ese órgano, al igual que lo harán, según han dicho, diversas organizaciones civiles y analistas.
México
"Es una ley que decreta la impunidad en los operativos que vemos en todo el país", advierte el analista político Jenaro Villamil.
La decisión que tomen los magistrados será definitiva e inapelable.
