Un centenar de organizaciones sociales avaladas por la Federación Internacional de Derechos Humanos presentaron el martes en México un informe que ya entregaron en la Corte Penal Internacional de La Haya.
Se trata de evidencias, a su juicio suficientes, para que ese tribunal abra un estudio preliminar sobre supuestos delitos de lesa humanidad ocurridos en el estado norteño de Coahuila.
Entre los casos que detalla el documento está, por ejemplo, la utilización de una prisión estatal de la localidad fronteriza de Piedras Negras como centro de operaciones del cártel de Los Zetas entre 2008 y 2012.
Según sus documentos, los criminales fabricaban allí material para sus actividades criminales (chalecos antibalas, uniformes, carrocerías de vehículos) y utilizaban la cárcel para recibir, ejecutar y calcinar a sus víctimas en barriles metálicos con la complicidad o ante la inacción de las autoridades y fuerzas de seguridad.
Olga Guzmán, de la Comisión Mexicana Para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, existen "evidencias razonables" de que hubo una política deliberada contra la población civil y una violencia sistemática y generalizada no solo de los cárteles de la droga sino también de las autoridades estatales, que son los requisitos para que la Corte empiece a estudiar el tema.
En el caso de la cárcel se abrió un proceso judicial pero no se involucró a ninguna autoridad de peso.
El informe indica también que de 2011-2012 a 2016, las autoridades estatales responsables de la seguridad cometieron crímenes de lesa humanidad directamente a través de las fuerzas especiales.
Para corroborar estas denuncias, de las más de 500 víctimas que tienen documentadas las ONGs, el informe se centra en 32 casos que suponen un ejemplo de los patrones de violencia.
Para ellos muestran, -a través de expedientes, testimonios, decisiones judiciales estadounidenses y otros documentos oficiales-, cómo las policías estatales y municipales de ocho municipios de Coahuila (que integran el 70% de la población de este estado) detenían a personas y las entregaban a los Zetas para que este cártel las esclavizara o las ejecutara.
En América Latina, la Corte sólo ha abierto un examen preliminar en el caso de Colombia por lo que las ONGs saben que el proceso será muy lento y complicado.
Sin embargo, esperan que anime a las autoridades federales mexicanas a iniciar investigaciones verdaderas sobre desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas que siguen impunes y que lo hagan con el apoyo de expertos o instituciones internacionales.
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El obispo de Saltillo, Raúl Vera, que apoyó el informe, indicó que no se trata de ir contra nadie sino de "restablecer el orden legal en este país" para que las autoridades dejen de colaborar con el crimen organizado.
La violencia desencadenada desde el inicio de la denominada guerra contra el crimen organizado en diciembre de 2006 ha dejado más de 100,000 muertos, más de 30,000 desaparecidos y miles de desplazados.
El gobierno no contestó de forma inmediata a una solicitud de comentarios.
