Lavado de dinero

EEUU detiene a presunto prestanombres de gobernador de Tamaulipas; lo entrega a México

Baltazar Higinio Reséndez Cantú fue detenido en McAllen y entregado a autoridades mexicanas.

Personal de la Fiscalía de México recibe a un hombre detenido en EEUU
AIC / Fiscalía General de la República

CIUDAD DE MÉXICO - La Fiscalía General de la República (FGR) arrestó al empresario Baltazar Higinio Reséndez Cantú, a quien identifican como supuesto prestanombres del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y lo trasladaron a una prisión en el Estado de México.

Reséndez Cantú fue capturado por alguaciles federales en McAllen, Texas, y entregado a funcionarios mexicanos en el puente internacional entre esa ciudad y Reynosa, Tamaulipas, donde fue arrestado por autoridades mexicanas.

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La Fiscalía dijo que el detenido fue puesto disposición del juez de control de la prisión de máxima seguridad del Altiplano, en el municipio de Almoloya de Juárez, para que responda a acusaciones de que lavó dinero para García Cabeza de Vaca.

Según los detalles de la investigación de la FGR, el detenido habría actuado como operador financiero en la triangulación de dinero público para simular la venta de un departamento de Bosques de Santa Fe, en Ciudad de México, por poco más de 42 millones 100 mil pesos (unos $2.1 millones).

Además, las investigaciones federales indican que presuntamente el gobernador García Cabeza de Vaca ha otorgado beneficios a tres empresas fantasma, propiedad de personas a quienes las autoridades identifican como sus prestanombres.

Gobernador de Tamaulipas emite un mensaje negando las acusaciones en su contra y afirmó que dará la cara y seguirá luchando por sus ideales, sus convicciones y por los tamaulipecos.

De acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en la solicitud de desafuero contra el mandatario de Tamaulipas se menciona a Inmobiliaria RC Tamaulipas SA de CV y Barca de Reynosa SA de CV, propiedad de Baltazar Higinio Reséndez Cantú, y T Seis Doce SA de CV, cuyo accionista y apoderado es Juan Francisco Tamez Arellano.

"Sirvieron para la organización criminal liderada por el gobernador para echar a andar un esquema de lavado de activos", dice el documento.

La UIF asegura que ninguna de esas empresas tenía trabajadores inscritos en el IMSS, aunque sí declaraciones fiscales en ceros ante el SAT.

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