La iniciativa para legalizar los matrimonios igualitarios fue sepultada el miércoles por diputados de la Comisión de Puntos Constitucionales, con 19 votos en contra, ocho a favor y una abstención.
Durante más de dos horas, los legisladores discutieron la iniciativa propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto y acordaron rechazarla.
Legisladores de oposición acusaron que la iniciativa de Peña Nieto fue promovida con un cálculo político, previo a elecciones intermedias, y que muestras de ello es que ahora el propio partido del presidente la rechazó.
Durante el debate, el legislador Benjamín Medrano, del Partido Revolucionario Institucional, se declaró abiertamente homosexual y votó a favor de la propuesta.
"No es un asunto fácil poder declarar públicamente la homosexualidad de un diputado, pero tampoco me es difícil reconocer a mi grupo político".
"Ojalá respete mi decisión personal; votaré en favor de este dictamen, porque va en favor de mi dignidad como ser humano, como homosexual y como diputado federal".
La exgobernadora de Yucatán y exdirigente del PRI, Ivonne Ortega, se manifestó en contra de cualquier acto de discriminación.
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"Soy católica y respeto mi iglesia, pero también soy mexicana y respeto la Constitución y las leyes", dijo Ortega.
"En nuestro país, la separación entre los temas del Estado y los temas de culto existe desde los tiempos de la Reforma: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios".
Los votos en contra de la iniciativa fueron por parte del conservador PAN, Nueva Alianza y Encuentro Social, mientras que Morena, PRD y los dos diputados del PRI se pronunciaron a favor. Movimiento Ciudadano se manifestó en abstención.
Apenas conocida la decisión legislativa, surgieron las felicitaciones del Frente Nacional por la Familia, organización de derechas a la que analistas vinculan a la orden religiosa Legionarios de Cristo, cuyo fundador Marcial Maciel fue acusado de pederastia.
A través de un comunicado, la organización indicó que el rechazo a la iniciativa de matrimonios igualitarios constituye una decisión histórica en México.
Consideró que sienta las bases para que el ciudadano participe y sea escuchado por el poder legislativo, en la definición de las políticas públicas, principalmente en temas de relevantes como el de la familia.
