Militares habrían ejecutado a 2 personas: CNDH

El hecho denunciado por Derechos Humanos ocurrió en 2017 en Puebla.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México aseguró el jueves que militares mataron de forma arbitraria a dos personas durante un operativo contra presuntos ladrones de combustible ocurrido en 2017.

El "uso excesivo de la fuerza" atribuible a un elemento de la policía militar y a otro del Ejército "cuya identidad se desconoce" derivó en la "ejecución arbitraria" de dos personas, afirmó la CNDH en una recomendación remitida a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) y otras instituciones.

El 3 de mayo de 2017, militares y presuntos delincuentes se enfrentaron en la localidad de Palmarito, estado de Puebla, que terminó con diez muertos, cuatro de ellos militares.

Además, 26 personas resultaron lesionadas (14 civiles y 12 militares) y 13 fueron detenidas, cuatro de ellas menores.

Tras estos hechos, diversos medios locales reprodujeron un vídeo en el que, presuntamente, un militar disparaba a un civil ya sometido después del enfrentamiento.

Después de su investigación, la CNDH afirmó que cuenta con elementos suficientes para acreditar violaciones "graves" a los derechos humanos cometidos por integrantes de la Sedena y de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Puebla.

Entre ellas, "trato cruel contra 12, incluidos tres menores de edad, y la detención arbitraria de dos infantes". Además, un cadáver fue manipulado y se colocaron armas largas "que se relacionaron con dos personas fallecidas".

Asimismo, el organismo acreditó violaciones a la legalidad, seguridad jurídica y debida procuración de justicia atribuibles a funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex), la Procuraduría General de la República (PGR), la fiscalía de Puebla y la Secretaría de Seguridad Pública de este mismo estado.

La CNDH pidió a la fiscalía tanto local como federal que "practique las diligencias necesarias para acreditar la identidad de los probables responsables, con pleno respeto a sus derechos humanos" y que en su momento recabe "todos los elementos de prueba" necesarios para que los que sean acusados no puedan ser liberados por falta de elementos o violaciones al debido proceso.

En un comunicado, Amnistía Internacional afirmó que "este caso es un ejemplo más de que el Ejército mexicano viola los derechos humanos cuando sustituye a las policías".

Es tiempo de que las Fuerzas Armadas -que salieron a las calles para realizar tareas de seguridad en el Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012)- "regresen a sus cuarteles", agregó.

"México debe crear inmediatamente un plan de retiro ordenado de las fuerzas armadas de todas las funciones de seguridad pública y dedicar sus esfuerzos a fortalecer a las policías", concluyó.

El Congreso aprobó a finales del pasado año la Ley de Seguridad Interior, que originó una gran polémica entre organizaciones y familiares de víctimas de la violencia que consideraban que la norma legitima la presencia de los militares en las calles.

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