Sergio López, padre de uno de los 10 jóvenes y hombres asesinados y calcinados el pasado fin de semana en Michoacán, junto con las demás familias afectadas, pidió justicia para su hijo y un castigo ejemplar para quien ordenó y ejecutó la masacre.
Sobre todo ahora que ha salido a la luz que el principal inculpado del crimen, el alcalde del municipio de Álvaro Obregón, habría sido en el 2008 el anfitrión de una reunión entre líderes de los principales carteles mexicanos.
Según la información, difundida por un diario de circulación nacional, la junta se hizo en un rancho propiedad del presidente municipal señalado, al que asistieron los jefes de los cárteles de la Familia Michoacana, Tijuana, el Golfo, Sinaloa y Juárez.
A decir del reporte, en esa cumbre se distribuyeron los territorios, se asignaron mandos y se pactó eliminar a los zetas.
El partido que abanderó al alcalde rumbo a su cargo asegura que aprobó todos los controles de confianza, pero el gobernador de Michoacán dice que su partido lo habría rechazado anteriormente bajo la sospecha de que tenía nexos con los caballeros templarios.
Los habitantes de la comunidad dicen que la propiedad opera desde hace años como un salón de fiestas, pero los rumores los hacían imaginar que ahí pasaba algo ilegal.
En tanto, el exfuncionario acusado aseguró ante un juez que es inocente de todos los cargos y que este asunto no es más que una revancha política.
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El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, destituyó ya a los 35 policías municipales de Álvaro Obregón. Los uniformados destituidos, según se pudo conocer, se encuentran acuartelados en la SSP.
