La Comisión de Derechos Humanos denunció el jueves que un grupo de militares hizo "uso ilegítimo de la fuerza" contra civiles que bloqueaban varios puntos de una carretera del occidente del país, ya que mataron a un niño e hirieron a 10 personas más.
El 19 de julio de 2015, el ejército intentó disolver las protestas organizadas por la población civil de la comunidad indígena de Santa María de Ostula.
Los manifestantes cortaron una carretera de la costa del pacífico en el estado de Michoacán para protestar por lo que consideraban la detención ilegal de su líder, Cemeí Verdía, comandante de la policía comunitaria de la zona.
"Se acreditó que 15 militares dispararon, lo que tuvo como resultado seis lesionados y un fallecido", según un comunicado de la Comisión que se indica que 17 testigos corroboraron los datos.
"No es creíble, como se afirma en el informe de SEDENA (la Secretaría de Defensa) y las 14 declaraciones ministeriales de militares, que todos los disparos se hicieron 'hacia arriba' o 'al cielo''', dice.
La acción de los militares tuvo lugar en varios puntos de la carretera, pero el más grave fue en el puente de Ixtapilla, donde dispararon los tiros que que acabaron con la vida de un niño de 12 años e hirieron a seis personas. En otros dos momentos se disparó al aire desde un vehículo en movimiento.
Los civiles agredieron "verbal y físicamente con palos y piedras" a los vehículos oficiales, pero "no se acreditó que los pobladores (...) dispararan en contra del convoy militar".
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La comisión también criticó el empleo indebido de armas no letales (gases lacrimógenos, pimienta y bombas de humo) por parte de policías estatales y pide investigar al funcionario que, asegura, firmó oficios con datos falsos remitidos a su oficina.
Asimismo, solicitó que se investigue a los militares participantes por faltas a la disciplina militar.
