CIUDAD DE MÉXICO - Los expertos internacionales que investigaron la desaparición de 43 estudiantes en México advirtieron evidencias de tortura contra los acusados clave para sostener la versión oficial de los hechos y denunciaron que sus labores fueron obstaculizadas por las autoridades, lo cual les impidió avanzar en el esclarecimiento de un caso que ha irritado dentro y fuera del país.
En su segundo y último reporte divulgado el domingo, el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) consideró que ha habido una falta de voluntad para investigar la posible responsabilidad de altos funcionarios y de miembros del ejército, además de un intento del gobierno de sostener la tesis de que los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa fueron quemados en un basurero, a pesar de ser cuestionada desde hace meses por peritos independientes.
"Es claro que hubo un rechazo latente a versiones distintas a la incineración de los normalistas en el basurero de Cocula, y que se hicieron diversos intentos de regresar a dicho escenario, sin dar curso a la investigación sobre otras policías o agentes del Estado", señaló el llamado Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que pidió a las autoridades deben continuar la búsqueda de los estudiantes, porque hasta ahora siguen desaparecidos y no hay certeza sobre su destino.
En una extensa nota publicada el sábado por el diario The New York Times a horas de que presente su reporte final sobre el caso, el panel internacional de expertos afirmó que sus integrantes viven una campaña de acoso, de evasivas e intimidación por parte de autoridades para que desistan de sus investigaciones.
Aunque los expertos ya habían dicho en su primer reporte que había indicios de posible tortura, informaron que se enfocaron en los casos de 17 personas relevantes para la investigación, incluidos cinco presuntos sicarios que declararon haber testificado la muerte y quema de los jóvenes en el basurero.
A partir del análisis de reportes médicos hechos por distintas autoridades mexicanas a los arrestados, el informe señala que los 17 mostraron nuevas lesiones durante el periodo de detención, lo cual muestra "indicios suficientes de que los detenidos podrían haber sufrido tratos crueles, inhumanos o degradantes o tortura", lo cual podría afectar la investigación.
Por ejemplo, el primer reporte médico tras la detención de Agustín García, uno de los supuestos sicarios que declaró sobre la quema de los estudiantes en el basurero, señaló que tenía una sola lesión. Horas después, ya bajo custodia de las autoridades, un segundo reporte médico encontró 30 lesiones.
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El reporte fue presentado el domingo frente a padres de los desaparecidos, otros alumnos de la normal, defensores de derechos humanos y activistas en una universidad privada de la Ciudad de México. "¡No se vayan, no se vayan!", les gritaron a los cinco miembros del grupo, quienes el último día de abril terminan sus actividades en el país.
Ninguna autoridad estuvo presente en la presentación y tampoco ha dado una opinión sobre los señalamientos.
Los estudiantes desaparecieron la noche del 26 de septiembre de 2014 tras ser atacados y detenidos por policías municipales y presuntos sicarios en la ciudad de Iguala, al sur de México. Escasos cuatro meses después y tras la captura de varios sospechosos, las autoridades dijeron que habían dado con "la verdad histórica": que los agentes entregaron a los jóvenes a miembros del cártel de los Guerreros Unidos, quienes los mataron, calcinaron en un basurero y los lanzaron en bolsas a un río cercano.
Al paso de los meses, sin embargo, los expertos de la CIDH y forenses argentinos que acompañan a los padres de los estudiantes señalaron que no hay evidencias contundentes que sustenten esa versión, y han cuestionado que esa teoría se base sobre todo en declaraciones de algunos de los detenidos, incluidos aquellos que en este último reporte habrían sido torturados.
La desaparición de los 43 estudiantes sacudió al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, quien dos años atrás llegó al poder con una agenda de transformación del país a partir de diversas reformas económicas y sociales. Y en medio de diversas protestas y críticas aceptó que expertos de la CIDH llegaran al país para investigar lo sucedido, lo cual abrió la esperanza de los padres y otros sectores de que se conocería lo que realmente pasó con los alumnos.
Sin embargo, tras el primer reporte de los expertos en septiembre pasado, que rechazó la versión del basurero, la cooperación oficial cambió.
Los expertos denunciaron lentitud en las respuestas a sus solicitudes, demora en la realización de pruebas, no indagar otras líneas de investigación sugeridas, la imposibilidad de volver a entrevistar a algunos inculpados o entrevistar a nuevos, la negativa a interrogar a militares y un rechazo de las autoridades castrenses a entregar documentos o imágenes que tenían en su poder sobre los hechos de aquella noche.
Todo esto, señalaron, "no puede leerse como simples obstáculos improvisados o parciales. Estas diferentes situaciones demuestran barreras no ocasionales, sino estructurales en la investigación".
Las autoridades han dicho en todo momento que han dado todo el apoyo a los expertos. Actualmente hay más de 100 personas detenidas por el caso.
Los expertos dijeron que no debe cerrarse la posibilidad de que la razón detrás de las desapariciones esté un posible tráfico de heroína de Iguala hacia Chicago, en Estados Unidos, algo que ya habían planteado desde el primer reporte, pero que aseguraron que no se avanzó en nada hasta ahora.
"El caso de Ayotzinapa ha supuesto para el país una encrucijada de la cual tiene que salir y pasa por el fortalecimiento del estado de derecho", señaló el abogado colombiano Alejandro Valencia, uno de los expertos.
"¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!", gritaron familiares y personas presentes al final de la presentación del reporte.
James Cavallaro, presidente de la CIDH, lamentó el domingo que el gobierno no aceptara que se diera una nueva prórroga para que permaneciera el grupo más tiempo en Mexico, como pidieron los padres.
Por su parte, los integrantes del GIEI dijeron al New York Times que han sufrido ataques orquestados en medios mexicanos de comunicación, además del sistemático rechazo de las autoridades, que los llevan a concluir que el gobierno de México no quiere que los expertos independientes les ayuden resolver el caso.
"Las condiciones para llevar a cabo nuestro trabajo no existen", dijo Claudia Paz y Paz, miembro de GIEI, quien cuenta con el reconocimiento internacional por su participación para que se lograra enjuiciar a un exdictador de Guatemala por cargos de genocidio.
"En México, la prueba es que el gobierno se opuso a la extensión de nuestro mandato", dijo la especialista sobre los obstáculos enfrentados y la negativa del gobierno mexicano a que ampliaran su estancia en el país.
Los integrantes del GIEI coinciden en que su trabajo está muy lejos de ser completado y concluido. En un inicio, cuando llegaron más por la presión internacional que se ejerció sobre el gobierno de Peña Nieto, su presencia fue un sinónimo de esperanza.
La sensación fue compartida tanto por los padres de los 43 desaparecidos como por la sociedad, que veía una oportunidad para conocer la verdad sobre un hecho que causa horror; pero también esa presencia significaba un alivio para el gobierno, ya que estaba enviando el mensaje de que México daba permiso a extranjeros para realizar una verdadera investigación.
"Ahora su salida es amarga", afirma el New York Times, en lo que es una conclusión compartida por los especialistas.
"Esto es algo que probablemente nos persigue desde hace mucho tiempo (…) Pero no tenía sentido quedarse aquí, porque en cierta manera es dar legitimidad a algo que en el fondo sabes que no es correcto", resume el experto abogado Francisco Cox.
El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que coincide que en el caso está muy lejos de ser resuelto, el jueves en un hecho inusitado hizo público el documento de casi 350 hojas que reúne las conclusiones del trabajo realizado sobre el caso y que también rebate la "verdad histórica".
El gobierno mexicano, no obstante, insiste en su posición de que los 43 estudiantes murieron calcinados en un basurero de Cocula, en el sureño estado de Guerrero, pese a que las pruebas científicas reunidas por ambos paneles de expertos muestran que en esa zona, en septiembre de 2014, no hubo un fuego de la intensidad que se requiere para incinerar a más de cuatro decenas de cuerpos.
También ambos grupos de expertos han señalado con insistencia en que en ningún momento el gobierno mexicano les permitió entrevistarse con miembros del Ejército, específicamente con integrantes del 27 Batallón de Infantería, que está ubicado en las inmediaciones de los municipios de Iguala y Cocula.
La presión para descalificar a los expertos extranjeros inició en febrero, después de que el GIEI alertó sobre que la Fiscalía mexicana una nueva versión sobre el caso Ayotzinapa, que sería la quinta, y que resultaba contradictoria por la filtración de testimonios y las fragmentación del expediente central a cargo de Subprocuraduría de Derechos Humanos.
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