Desde la madrugada, los medios oficialistas se apresuraron a difundir notas de victoria sobre el caso. Nosotros dedicamos horas a revisar minuciosamente el veredicto de 89 páginas. Aquí señalamos lo más importante.
En los titulares del régimen, la deuda ha desaparecido y el gobierno de La Habana ha recibido un baño de justicia británica.
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Antes de mostrarles lo que encontramos durante una minuciosa revisión de las 89 páginas del veredicto, hay que recordar: Se trata de una deuda crediticia real -sin discusión- de más de 70 millones de Euros que inversionistas de CRF I limited -registrada en Islas Caimán- compraron e intentan cobrar a La Habana desde 2019.
En un ambiente de protestas, el juicio se desarrolló en la última semana de enero: el argumento principal de La Habana fue que funcionarios del BNC iniciaron los trámites con los acreedores sin una requerida autorización del Ministerio de Finanzas y Precios cubano.
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Al respecto, la jueza decidió que: “No hubo representación de Cuba en forma de autoridad (como gobierno) interactuando con CRF”.
Aquí el veredicto parece quitar responsabilidad al gobierno cubano como entidad jurídica pero también dice que:
“El Banco Nacional de Cuba, (propiedad del gobierno cubano) actuando a su nombre, aceptó la asignación de la deuda comprada por CRF al banco chino ICBC”.
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O sea: que la corte reconoce la asignación de la deuda como legítima y que la corte británica tiene jurisdicción para desarrollar reclamos contra el Banco Nacional de Cuba”.
En un amplio comunicado que resumimos, el presidente de CRF I Limited indicó que “CRF permanece comprometido en encontrar una solución con Cuba que tenga 0 impacto en el presupuesto cubano durante, al menos 5 años, reconociendo la difícil situación económica que el país enfrenta”.
Estamos intentando comunicarnos con el presidente de CRF I Limited para conocer cuáles serán los próximos pasos de la firma. Los inversionistas pueden iniciar un nuevo proceso de solicitud de reconocimiento de la deuda, negociando con el gobierno cubano o seguir en corte, sólo contra el Banco Nacional de Cuba que -en cualquier caso- no tendría la capacidad legal para saldar esa deuda sin la autorización del gobierno de La Habana.
