La preocupación crece entre los venezolanos amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS), que está programado para expirar en abril. A medida que la fecha límite se acerca, miles de beneficiarios se enfrentan a la incertidumbre sobre su futuro legal, la continuidad de su empleo y el temor a una posible deportación.
Mientras tanto, líderes comunitarios y representantes locales en ciudades con alta concentración de inmigrantes venezolanos, como Doral, han comenzado a movilizarse en busca de soluciones duraderas más allá de una extensión temporal.
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Rita Esber es una de las muchas venezolanas que viven este dilema. Llegó a Estados Unidos en 2023 y solicitó el TPS en 2022. Actualmente, trabaja como maestra en una escuela Montessori y ha logrado establecerse en el país, cumpliendo con sus responsabilidades legales y fiscales.
"Soy feliz en Miami con mi trabajo, pagando mis impuestos, aportando a esta comunidad y trabajando con los niños maravillosamente… y ahora me encuentro en un limbo", expresa Esber con angustia.
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Más allá de la incertidumbre laboral, lo que más le preocupa es la posibilidad de ser obligada a regresar a Venezuela, donde considera que no hay garantías de seguridad ni estabilidad.
"Maduro sigue en el poder y me preocupa muchísimo volver a la incertidumbre de no encontrar nada", dice con evidente temor.
Como alternativa, Esber ha depositado sus esperanzas en una petición familiar. Tiene dos hermanos ciudadanos estadounidenses y su hermana ya presentó una solicitud a su favor. Sin embargo, no sabe si este proceso será suficiente para evitar quedar en un estatus irregular.
Local
Conscientes de la difícil situación que enfrentan miles de venezolanos como Rita, las autoridades locales en Doral han comenzado a tomar acción. El concejo de la ciudad aprobó por unanimidad una resolución para respaldar a la comunidad venezolana ante la posible suspensión del TPS.
El concejal Rafael Pineyro, quien presentó la resolución, sostiene que apostar por una nueva designación de TPS es poco realista y que, en cambio, el enfoque debe estar en buscar una solución más permanente.
"Veo muy poco probable que se vuelva a aprobar un TPS o que se restablezca el programa actual. Lo que realmente necesitamos es trabajar unidos para conseguir una solución permanente para los venezolanos en Estados Unidos", afirmó Pineyro.
El concejal también propone que se evalúe una ley de ajuste migratorio para los venezolanos, similar a la que benefició a los cubanos durante décadas.
"No hay diferencias entre los regímenes de Cuba y Venezuela. ¿Por qué los venezolanos no pueden acceder a un proceso de ajuste migratorio similar?", cuestionó.
El debate sobre el futuro del TPS ha generado un clima de desinformación y miedo entre la comunidad venezolana en Florida. La vicealcaldesa de Doral, Maureen Porras, quien además es abogada de inmigración, confirma que muchas personas han buscado asesoría legal sin encontrar respuestas claras.
"Hay mucha confusión y miedo. Recibo llamadas constantemente de personas que quieren saber cuáles son sus opciones, pero la realidad es que no hay muchas alternativas disponibles", explica Porras.
A esta preocupación se suma la posibilidad de que las fuerzas policiales locales puedan verse involucradas en la aplicación de leyes migratorias estatales y federales, algo que aún está en discusión en Tallahassee.
La alcaldesa de Doral, Christi Fraga, aseguró que aunque la ciudad cumplirá con las normativas establecidas, la policía local no actuará como una agencia migratoria.
"¿La policía de Doral va a trabajar con ICE? Nosotros vamos a seguir las leyes federales y estatales, pero no somos un departamento de inmigración. Tendremos que revisar las normas que se establezcan y acatarlas porque debemos seguir la ley", aclaró Fraga.
