En medio de una de las crisis económicas más severas de su historia, Cuba enfrenta un escenario de escasez extrema. La inflación descontrolada, la falta de alimentos y la crisis energética han puesto al país en una situación límite. Ante este panorama, el gobierno ha lanzado una iniciativa dirigida a los cubanos que residen en el exterior: un foro virtual llamado "Cubanos por el Desarrollo Agropecuario", que busca atraer inversión extranjera al sector agrícola.
La convocatoria, anunciada por Alaymis Martínez Torres, funcionaria del Ministerio de Agricultura, invita a la diáspora a participar en un espacio de diálogo sobre proyectos productivos en áreas como la ganadería porcina, la producción de café y la industrialización de frutas. Sin embargo, el escepticismo dentro y fuera de la isla no se ha hecho esperar.
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El foro se celebrará del 17 al 23 de marzo y, según el gobierno, se plantea como una oportunidad para establecer alianzas y generar soluciones para el agro cubano. Pero la gran interrogante es si realmente existen las condiciones para que estos proyectos sean viables.
La legislación cubana hasta ahora impide que los ciudadanos en el exterior inviertan en la isla a menos que mantengan residencia en el país, lo que ha sido un obstáculo para la llegada de capital de la diáspora. Si bien la convocatoria oficial habla de un “diálogo transparente”, no se ha mencionado ninguna reforma que garantice seguridad jurídica a los inversionistas emigrados.
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Desde el exilio, Yunier Suárez, representante de la organización CubaDecide, ha cuestionado abiertamente la propuesta.
"Ningún empresario que tenga un mínimo de conocimientos de negocio mira hacia Cuba, sabiendo el sistema en el que está construido todo dentro de la isla. No hay capacidad, no hay garantías legales para un negocio a largo plazo", afirmó Suárez.
El temor no es infundado. Durante la pandemia de 2020, el gobierno cubano confiscó la propiedad de un cubano residente en Estados Unidos, alegando que sus bienes —que incluían más de 100 animales, un tractor y una vivienda— habían sido adquiridos de manera ilegal. Este tipo de antecedentes generan dudas sobre la verdadera intención de esta nueva estrategia.
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El llamado del gobierno parece apuntar a un nuevo “target”: los cubanos que han prosperado económicamente en el exterior y que ahora poseen el capital necesario para invertir.
"Están intentando atraer al ciudadano cubano que ha sido próspero fuera de Cuba y que ahora tiene una respuesta financiera importante. Quieren que vengan e inviertan aquí", advierte Suárez.
Pero la pregunta sigue en el aire: ¿qué garantías pueden ofrecer las autoridades cuando el propio sistema ha sido responsable del colapso de la industria nacional?
Para muchos en la diáspora, la convocatoria del gobierno parece más un intento de obtener divisas rápidas que un verdadero compromiso con la reactivación del sector agrícola. Sin cambios estructurales profundos, los inversionistas difícilmente podrán confiar en que sus esfuerzos y capitales estarán protegidos.
