El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, dijo que trasladaría la crisis de la deuda de la isla a un tribunal federal de quiebras, convirtiéndose en el gobierno más grande en buscar protegerse de sus acreedores en la historia de Estados Unidos.
Puerto Rico tiene aproximadamente $73 mil millones de deuda en bonos y casi $50 mil millones en obligaciones de pensiones no financiadas para que se puedan reestructurar.
El caso no será formalmente llamado quiebra, ya que Puerto Rico tiene prohibido usar el Capítulo 9, que es el capítulo habitual usado por los gobiernos locales insolventes.
En su lugar, solicitará alivio bajo una nueva ley federal para los gobiernos territoriales insolventes, llamada Promesa.
