Florida ha convertido en ley una medida que busca proteger a las víctimas, especialmente a los menores de edad, de la explotación sexual en los centros de entretenimiento para adultos. La nueva legislación fue firmada hoy por el gobernador Ron DeSantis en un acto simbólico realizado en la Iglesia Presbiteriana Granada en Coral Gables, en reconocimiento al papel fundamental que desempeñan las organizaciones religiosas en la asistencia a las víctimas.
La trata de personas ha golpeado duramente a Florida, ubicándose como el tercer estado con más llamadas a la línea directa nacional contra este delito. Según las estadísticas, la edad promedio de las víctimas es de tan solo 13 años, y el 80% de ellas son niñas sometidas a explotación sexual.
La nueva ley se enfoca en los llamados "centros de entretenimiento para adultos" o clubes donde, según las autoridades, los menores se convierten en víctimas fácilmente. A partir de ahora, estos establecimientos tendrán prohibido contratar a empleados menores de 21 años y deberán solicitar identificación y prueba de edad a todos sus trabajadores.
Vicenta Polanco y Luis Escalante, acusados recientemente de traficar a mujeres cubanas a Miami bajo falsas promesas de empleo como bailarinas exóticas, pero obligándolas en cambio a ejercer la prostitución, representan la gravedad de este problema.
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Kim Figueroa, una sobreviviente que ahora trabaja para combatir la trata de personas, compartió su experiencia: "Yo fui violada desde niña y luego fui traficada por todo el país, siendo trasladada de club exótico a club exótico, mientras me explotaban sexualmente".
El gobernador DeSantis enfatizó que su administración perseguirá a los autores de estos delitos, independientemente del estatus migratorio de las víctimas o testigos. "Sabemos que muchas víctimas están siendo traídas a este país, y lo que queremos es castigar a los culpables", aseguró.
Además de la nueva ley, Florida ha anunciado el inicio de una línea directa estatal que trabajará directamente con las agencias de cumplimiento de la ley, complementando los esfuerzos de la línea directa nacional contra la trata de personas, que ha recibido más de 50,000 denuncias desde 2019.
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Esta iniciativa legislativa y los recursos adicionales destinados a combatir este flagelo representan un paso crucial en la protección de los derechos humanos y la dignidad de las víctimas, especialmente de los menores de edad, en un estado que enfrenta desafíos significativos en esta materia debido a su ubicación geográfica y perfil internacional.
