Nicaragua

Ortega le quitará la nacionalidad a quienes considere traidor a la patria

La modificación elimina el artículo 20, que protegía a los ciudadanos de ser despojados de su nacionalidad

Telemundo

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua ha dado un paso más en la consolidación de su poder absoluto al reformar la Constitución del país. La modificación elimina el artículo 20, que protegía a los ciudadanos de ser despojados de su nacionalidad. Ahora, bajo el nuevo marco legal, el gobierno puede declarar apátridas a quienes considere "traidores a la patria", lo que ha desatado una ola de críticas nacionales e internacionales.

La reforma fue aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional, controlada totalmente por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Este cambio otorga a los llamados "copresidentes" Ortega y Murillo la potestad de quitar la nacionalidad nicaragüense a cualquier persona que perciban como opositora a su régimen.

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Además, el gobierno ha introducido medidas que profundizan el control sobre la sociedad, como el reconocimiento de los paramilitares como "policía voluntaria" y la elevación de la bandera del FSLN al rango de símbolo patrio. Estas decisiones consolidan un Estado policial que sofoca cualquier forma de disidencia.

La decisión ha sido duramente cuestionada por exiliados, activistas y analistas políticos, quienes ven en esta reforma una grave violación a los derechos humanos y al derecho internacional.

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Bayron Estrada, ex preso político, expresó su preocupación por las implicaciones familiares y sociales de esta medida.

"Los traidores a la patria son todos los que no estén de acuerdo con su dictadura, estén fuera o dentro del país. Esto pone en peligro a las familias de presos políticos y opositores".

Por su parte, Félix Maradiaga, exiliado y ex preso político, calificó el ataque como un precedente alarmante:

"Este ataque viola los principios básicos del derecho internacional. Afecta a más de 450 personas oficialmente, pero son miles los nicaragüenses que viven en una apatridia de facto. La nueva Constitución convierte a la nacionalidad en un arma política".

La condición de apátrida, que afecta directamente a los derechos fundamentales de las personas, ha sido denunciada por organizaciones de derechos humanos. Pablo Cuevas, fundador de la Defensoría Nicaragüense de Derechos Humanos, señaló que ni siquiera regímenes autoritarios como el de Cuba llegaron a este nivel.

"La apatridia es una violación grave a los derechos humanos. Muchos nicaragüenses ya no tenemos patria. Esta reforma posiciona a Nicaragua como uno de los países con mayores violaciones a los derechos ciudadanos".

El régimen de Ortega y Murillo ha utilizado la nacionalidad como una herramienta más de su política represiva. Según Elise Núñez, analista político nicaragüense, esta práctica no es nueva, pero la reforma la legitima a nivel constitucional.

"Ortega ha implantado un Estado policial durante todos estos años. El retiro de nacionalidades ya se había dado previamente por medio de sentencias judiciales, pero ahora lo han elevado a rango constitucional".

La reforma también excluye a los "traidores a la patria" de optar a cualquier cargo público, un intento claro de bloquear la participación política de opositores.

Esta reforma plantea un debate sobre la esencia misma de la nacionalidad y su manipulación por parte de regímenes autoritarios. Como señala Núñez:

"La nacionalidad no es un privilegio que un dictador pueda quitar o dar a su antojo. Es un derecho inherente de todos los nicaragüenses".

La reforma ha generado una condena amplia a nivel internacional, con llamados a revisar estas prácticas y a garantizar el respeto de los derechos fundamentales de los nicaragüenses. Sin embargo, Ortega y Murillo parecen decididos a consolidar un sistema en el que la lealtad absoluta al régimen sea la única vía para mantener los derechos básicos, incluida la ciudadanía.

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