La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, y los alcaldes de dos ciudades de ese condado instaron este sábado al Gobierno federal y al Congreso de EEUU a aprobar "cuanto antes" un nuevo paquete de estímulo económico ante la grave situación social en el sur de Florida debido a la pandemia del COVID-19.
"Ahora necesitamos ayuda más que nunca", dijo Levine Cava, quien indicó que la recibida antes fue un "salvavidas", pero ya se agotó y, según datos estadísticos, Miami-Dade, con casi 3 millones de habitantes, de los cuales casi un 70% son hispanos, es el área metropolitana con mayor inseguridad alimentaria de todo el país.
Las negociaciones para un segundo paquete de estímulo económico avanzan en el Congreso, pero esta vez el plan bipartidista no incluiría cheques personales de 1.200 dólares como el primero, según medios periodísticos.
"Decenas de miles de personas en el condado de Miami-Dade están literalmente en un punto crítico tratando de salir adelante", subrayó la alcaldesa.
Levine Cava, que padece COVID-19 y está en cuarentena, compareció virtualmente en una rueda de prensa que los alcaldes Francis Suárez, de la ciudad de Miami, y Dan Gelber, de Miami Beach, realizaron en persona en un punto donde se repartía alimentos gratis.
Con una larga fila de personas que aguardaban a recibir ayuda alimentaria como telón de fondo, Gelber subrayó que "no es culpa" de ellos no tener dinero para alimentar a sus familias, pues se quedaron sin trabajo a causa de la parálisis turística derivada del COVID-19, de la que ya se han contagiado más de un millón de personas en Florida y unas 19.000 han muerto.
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Gelber señaló que Miami Beach es una ciudad centrada en la hotelería y la restauración, que son los sectores más afectados por la pandemia, y la gente no tiene con qué pagar la renta de sus viviendas, ni los productos básicos, ni las facturas de los servicios públicos.
A este argumento Levine Cava agregó que ayudar a estas personas es también "ayudar a la economía" del sur de Florida.
Francis Suárez, vicepresidente de la asociación de alcaldes de EEUU, instó a las autoridades municipales de todo el país a trabajar conjuntamente y "sin partidismos" para dar soluciones a las personas.
Recalcó que los recursos de que disponen las alcaldías son insuficientes para la gran necesidad existente y se requiere ayuda federal.
Según cálculos de Feeding America, una organización no gubernamental centrada en la alimentación, como consecuencia de la pérdida de empleos y de ingresos por la crisis del COVID-19, la tasa de inseguridad alimentaria en Miami-Dade ha sobrepasado el 17%.
Además, en el condado de Miami-Dade hay casi 6.500 peticiones de desahucio pendientes de ejecución, según cifras oficiales. Estas fueron presentadas entre marzo y noviembre, cuando por una disposición especial por el COVID-19, no se podía desalojar de las viviendas de alquiler a los inquilinos que no pudieron pagar su renta.
Ahora ya se puede desahuciar y también hay compañías de servicios públicos, como Florida Power and Light, que han reanudado los cortes de suministro a los morosos con las facturas.
Según cifras de FPL, hasta octubre, cuando empezaron de nuevo las desconexiones, había más de 30.000 clientes en el estado que adeudaban las facturas de tres meses o más, y 40.000 debían dos meses o más.
