Un juez fallo a favor del desalojo de la vivienda de Ana Lázara Rodríguez, aduciendo que el desahucio tras una ejecución hipotecaria (foreclosure) es legal. A partir de ahora el caso podría tomar otras dimensiones.
“Lo único que tengo es el automóvil” dijo Ana Lázara Rodríguez ante la pregunta de a donde iría en caso de tener que abandonar su casa y es que la ex-prisionera política cubana sufrió otro revés en corte y ahora enfrenta la posibilidad de perder su hogar.
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Su caso ha llamado la atención de la prensa local y funcionarios públicos en los últimos meses. Esta nueva fase para Rodríguez “significa que las leyes no están a mi favor porque las leyes estan a favor de los poderosos”.
La cubana de 82 años enfrenta desalojo después de que un juez determinara que tiene que pagar 100 mil dólares de fianza o de lo contrario se procedería en su caso de desahucio.
Según Bruce Jacobs, abogado pro-bono de Rodríguez, en determinadas ocasiones ha insistido en que su juicio hipotecario está basado en documentos falsificados.
Jacobs argumenta que en la audiencia la institución bancaria dijo tener la potestad de quitarle la propiedad sin garantías procesales. Ahora “Floridanos para la banca honesta” dijo estar al tanto de la situación, mientras trabajan junto a funcionarios públicos para que casos como el de Rodríguez no vuelvan a ocurrir.
Eleazar Melendez, portavoz de Floridians for honest lending, advirtió que “en este caso en específico lo que vemos que los mismos abogados del banco han admitido en corte que hay un fraude y a pesar de eso se ha dicho no importa. Creemos que en este país cuando hay un fraude tiene que venir la ley el orden y involucrarse”.
Local
La senadora estatal por el distrito 37, Ileana García refirió: “me duele muchísimo ver que el sistema nuestro en este país no esté trabajando a favor de ella. Yo creo que ahora como representante de esta área es mi responsabilidad salir a tocar puertas y buscar los recursos necesarios sobre todo si hay una constancia de que si hubo una ejecución hipotecaria fraudulenta”.
El pasado mes de junio la alcaldesa de Miami Dade, Daniella Levine Cava, intervino en el caso para bloquear el desalojo de Rodríguez, ahora nuevamente se busca la intervención de funcionarios públicos y hasta de la fiscalía estatal para ayudarla.
