Un juez de Texas decidió no congelar el parole humanitario en este momento luego de la moción presentada por Florida y otros 19 estados que lo habían solicitado antes de que se celebre la audiencia por la demanda presentada contra el gobierno debido al programa que beneficia a cubanos, venezolanos, haitianos y nicaragüenses.
El juez Drew B. Tipton decidió que la solicitud de los estados de congelar la implementación del programa de parole humanitario se analizará como parte del juicio, cuya fecha de inicio aún no se ha establecido, según se desprende de una orden firmada este lunes 27 de febrero.
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La moción presentada por Florida y otros 19 estados pedía congelar el parole humanitario antes de la audiencia que diera inicio al juicio.
El 24 de enero los fiscales generales de 20 estados de Estados Unidos, entre ellos Florida y Texas, presentaron una demanda contra el programa del Gobierno del presidente Joe Biden de conceder 30,000 visados humanitarios a migrantes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití.
Los estados que demandaron fueron Texas, Florida, Alabama, Alaska, Arkansas, Idaho, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Ohio, South Carolina, Tennessee, Utah, West Virginia, y Wyoming.
La demanda busca que un juez federal bloquee el programa de parole humanitario para ciudadanos de Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua con un patrocinador, implementado con el objetivo de detener la crisis en la frontera.
¿QUÉ DICE LA DEMANDA?
En su denuncia, liderada por el fiscal general de Texas, Ken Paxton, los demandantes argumentan que ese plan permitirá la llegada de cientos de miles de migrantes a zonas de Estados Unidos que ya están "sobrecargadas".
Y subrayaron que con esta iniciativa el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) está abusando de su autoridad para conceder permisos humanitarios.
A juicio de quienes emprendieron la acción, el plan del Gobierno federal debería ser declarado ilegal porque con él los demandados han excedido su autoridad para conceder este tipo de visados, y, además, no han tenido en cuenta si existe la capacidad para expulsar a los beneficiarios del programa una vez que se agote el permiso de dos años para estar en Estados Unidos.
La demanda está dirigida contra el DHS y su titular, Alejandro Mayorkas, así como contra las agencias federales encargadas de velar por la seguridad fronteriza y de regular el flujo migratorio y sus responsables.
En la demanda se argumenta que Florida sufriría una afectación de miles de millones de dólares por este programa, así como recuerdos estatales significativos, como educación pública, atención médica. Pero los abogados insisten en que está el rol financiero del patrocinador.
“La carga pública va a quedar eliminada, y eso beneficia al país; también beneficia tener la fuerza laboral, los trabajadores que ahora se necesitan”, dice Malouf.
Pero la Fiscal General de Florida afirma que el programa de parole humanitario es una violación directa de la ley federal y ha manifestado que las acciones ejecutivas del presidente han sido excesivas.
“Desde el primer día vimos una serie de órdenes ejecutivas y retrocesos de programas que estaban en lugar para asegurar la frontera”, dice Moody.
Ahora, los expertos legales recomiendan paciencia y estar alertas. “Continuar, sin pausa, pero también sin prisa, las maneras de hacer las solicitudes a través de este programa, que son relativamente sencillas”, dice Alpízar.
Con información de EFE
