Alejandro Pérez, de 33 años, fue arrestado y permanece bajo custodia en la cárcel del condado de Palm Beach, acusado de operar una red de prostitución y de haber participado activamente en un caso de trata de personas que involucra a varias víctimas, entre ellas una menor de edad.
La investigación comenzó con un mensaje de texto. Un informante alertó a las autoridades tras recibir una comunicación que promocionaba servicios sexuales de dos mujeres, una de ellas de apenas 17 años. A partir de esta denuncia, detectives del condado iniciaron una operación que reveló una historia marcada por la coerción, el miedo y la explotación.
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De acuerdo con el informe policial, las víctimas llegaron recientemente desde Nueva York. Una de ellas declaró que había viajado a Florida con la esperanza de conseguir trabajo en el sector de la construcción. Sin embargo, al llegar se encontró atrapada en un entorno de abuso: fue obligada a tener relaciones sexuales con múltiples hombres y aseguró haber accedido a ello por temor a perder la vida.
Las autoridades señalan que Alejandro Pérez no solo se beneficiaba económicamente de la prostitución de las víctimas, sino que también facilitaba y promovía las actividades ilegales. En total, enfrenta cuatro cargos: trata de personas con fines sexuales, obtención de ganancias mediante prostitución (en dos casos distintos), y por mantener una propiedad destinada a actividades sexuales ilícitas.
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Además, las investigaciones determinaron que las víctimas no recibían los pagos prometidos. El dinero era controlado completamente por Pérez, quien —según los fiscales— actuaba como el principal beneficiario de la explotación.
La detención ha generado indignación entre los residentes de Palm Beach. Judith Montes de Oca, vecina de la zona, expresó su sentir: "Eso no es justo. Estoy de acuerdo en que lo castiguen y que asuma sus cargos. Eso es algo criminal”.
La reacción de Montes de Oca refleja el sentir de una comunidad que, aunque en shock, exige justicia y acciones contundentes para evitar que este tipo de delitos se repitan.
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Más allá de la fianza impuesta por la jueza —260,000 dólares—, Pérez no podrá salir de la cárcel por el momento. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha emitido una orden de retención en su contra debido a su estatus migratorio, lo que complica aún más su situación legal.
