Luego de semanas de desacuerdos y enfrentamientos políticos, el gobernador de Florida y los líderes de la legislatura estatal han alcanzado un consenso sobre el manejo de la inmigración en el estado. El acuerdo ha dado paso a una nueva sesión especial, la tercera en menos de un mes, para aprobar modificaciones a la ley previamente sancionada.
El cambio de tono fue evidente antes del inicio de la sesión al mediodía, cuando el gobernador elogió a los líderes legislativos por trabajar en conjunto en un proyecto de ley que, según sus palabras, es “agresivo” en el combate contra la inmigración ilegal en Florida.
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La discusión en torno a este tema ha sido una de las más polémicas en la agenda estatal. En la primera sesión especial, el gobernador propuso una serie de medidas para reforzar el papel del estado en la lucha contra la inmigración ilegal. Sin embargo, la legislatura rechazó sus términos y optó por avanzar con su propia propuesta, lo que llevó al mandatario a prometer un veto.
Con la convocatoria de esta tercera sesión extraordinaria, ambas partes han llegado a un punto intermedio que permite mantener sanciones más severas para inmigrantes indocumentados que cometan delitos, al tiempo que se refuerzan los recursos para la aplicación de las leyes migratorias.
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Danny Pérez, presidente de la Cámara de Representantes y representante de Miami-Dade, defendió la postura de los legisladores afirmando que el proceso no fue un fracaso, sino una muestra de independencia.
"Reivindicamos nuestro derecho, como representantes elegidos por el pueblo, a sentarnos a la mesa en pie de igualdad, a participar en una conversación y no a recibir instrucciones", declaró Pérez en la sesión.
Entre los puntos clave del acuerdo aprobado, destacan:
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Sanciones más severas para inmigrantes indocumentados involucrados en actividades delictivas.
Asignación de más de 200 millones de dólares a agencias de aplicación de la ley para reforzar el cumplimiento de las normativas migratorias.
Bonos para agentes de la policía que participen en operativos conjuntos con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Uno de los principales puntos de discordia en el debate fue la cuestión de quién debía coordinar estos esfuerzos migratorios en el estado. La legislatura había propuesto otorgarle esa responsabilidad al comisionado de Agricultura, Wilton Simpson, mientras que el gobernador insistía en mantener el control bajo su oficina.
Finalmente, se estableció un “board” o junta de supervisión que administrará los fondos y coordinará las operaciones. Este organismo estará encabezado por el gobernador, pero también incluirá a todos los miembros del gabinete estatal, incluyendo el Departamento de Agricultura.
El representante estatal republicano Juan Porras explicó el compromiso alcanzado:
"El acuerdo al que llegamos hoy establece que habrá un grupo encargado de supervisar estas políticas y los presupuestos asignados a la policía local. El gobernador tendrá la autoridad principal, pero el board incluirá a todos los miembros del gabinete."
El acuerdo no ha sido bien recibido por la bancada demócrata en la legislatura, que cuestiona las prioridades presupuestarias del estado.
Fentrice Driskell, líder de la minoría demócrata, criticó que mientras se asignan cientos de millones de dólares para reforzar la política migratoria, no se han tomado medidas para aliviar el costo de vida de los floridanos.
"¿Cómo es posible que la legislatura y el gobernador aporten casi 300 millones de dólares para resolver este problema, pero no hagan nada para reducir el costo de los bienes y servicios en Florida?", cuestionó Driskell.
Los demócratas también argumentan que el problema migratorio es un asunto de competencia federal y que las políticas estatales no deberían interferir con esa jurisdicción.
No todas las propuestas iniciales lograron consenso. El gobernador pretendía incluir una disposición para limitar el envío de remesas al extranjero, pero la legislatura rechazó la medida.
Otro aspecto que se mantuvo sin cambios fue el acceso a matrícula universitaria estatal para los Dreamers, que continuará vigente a pesar de las presiones de algunos sectores para eliminar este beneficio.
