A medida que se acerca la fecha límite impuesta para el desalojo total del parque de casas móviles Lil Abner, un pequeño grupo de vecinos se aferra a lo que queda de su comunidad. Mientras los remanentes de 900 familias han ido desapareciendo, los últimos en marcharse —los que no recibieron compensación alguna— han transformado su angustia en una lucha por la dignidad, e incluso, en aspiraciones políticas.
Lil Abner, que durante años fue hogar para miles en Sweetwater, es ahora un paisaje fragmentado: calles semivacías, casas móviles abandonadas, estructuras deterioradas y un silencio que solo se quiebra con los ecos de pasos furtivos o el zumbido de una patrulla.
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“La inseguridad ha aumentado desde que comenzaron los desalojos”, asegura Samantha Morales, una de las pocas residentes que aún permanece en el parque. “Hay personas que entran a los trailers vacíos, los destruyen, dejan basura. Esto ya no es lo que era”.
La situación se tornó aún más alarmante tras el arresto de Silverio Franco, de 44 años, acusado de irrumpir en una casa móvil e intentar asaltar a una mujer de 72 años. Un caso que ha dejado a los vecinos aún más temerosos.
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A la inseguridad se suma otra preocupación: la salud. De acuerdo con el abogado David Winker, quien representa a varios residentes en una demanda colectiva, las casas móviles del parque, por su antigüedad, contienen asbesto. “Tuvieron que suspender las demoliciones hasta realizar estudios adecuados”, explicó. “Es necesario garantizar una remoción segura del material para evitar riesgos mayores”.
Esta pausa, aunque forzada por razones sanitarias, ha sido también una tregua involuntaria para quienes aún resisten.
En noviembre pasado, CREI Holdings, propietario del terreno, notificó a los residentes que debían abandonar el parque en seis meses. A quienes aceptaran marcharse antes del 31 de enero se les ofreció una compensación de 14 mil dólares. Sin embargo, esa ventana ya se cerró, y los que aún permanecen, no recibirán ni un centavo.
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“El sacrificio que hemos hecho para tener lo que tenemos no vale 14 mil dólares”, afirma Flor, otra de las residentes que ha decidido quedarse. “No se trata solo de dinero, es nuestra vida, nuestra historia”.
Yelier Valdés, también vecino del parque, es claro en su postura: “Hasta el final, a ver lo que pasa”.
Para algunos, la desesperación se ha canalizado en participación ciudadana. Teresita Blanco y Mario Leiva, dos residentes del parque, han anunciado sus candidaturas al consejo de la ciudad de Sweetwater. Su motivación: representar a una comunidad marginada que, según ellos, ha sido ignorada por las autoridades locales.
“Conozco a cada vecino por su nombre. Esto no es solo mi vecindario, es mi familia”, dice Blanco, quien lleva años viviendo en Lil Abner. “Quiero cambiar las cosas desde adentro”.
Ambos esperan que su activismo inspire a otros. No solo para frenar desalojos futuros, sino para reformar un sistema que, según ellos, ha favorecido a los desarrolladores por encima de los residentes de bajos ingresos.
Con cerca de 3,000 personas residiendo en Lil Abner antes de los desalojos, el parque representaba al 15% de la población de Sweetwater. El impacto humano y social de su desmantelamiento es enorme.
Desde el ayuntamiento, la respuesta ha sido limitada. Las autoridades locales aseguran que no tienen poder para frenar el proceso. “El dueño del terreno tiene derecho a desarrollar la propiedad”, han reiterado.
Pero para los vecinos que aún quedan, la lucha no ha terminado. Las elecciones del 13 de mayo podrían convertirse en un nuevo campo de batalla. Esta vez, no por un techo, sino por una voz en el gobierno que les represente.
