El Departamento de Estado de EEUU anunció una nueva política de restricción de visas dirigida a funcionarios cubanos involucrados en la promoción y coordinación del trabajo forzoso, incluyendo la exportación de mano de obra a través de las misiones médicas en el extranjero.
La medida representa un nuevo golpe al régimen de La Habana, criticado durante años por el manejo de estos programas para exportar recursos humanos en intercambios beneficiosos a Cuba.
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El doctor Julio César Alfonso, presidente de la organización Solidaridad Sin Fronteras, una de las principales voces que desde el sur de Florida aboga por medidas de este tipo, señaló que esta política “es un paso importante para frenar los abusos cometidos por el gobierno cubano en relación con los profesionales de la salud enviados al extranjero”.
Además, la medida no solo afectará a los funcionarios directamente responsables, sino también a sus familiares, incluso si estos ya no ocupan cargos oficiales.
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El Secreatrio de Estado de EEUU, Marco Rubio, informó que ya se han tomado medidas similares contra personas extranjeras, incluyendo ciudadanos venezolanos, que promuevan o acepten la presencia de estas misiones en sus países.
Venezuela ha sido el destino principal de estas misiones médicas cubanas. Desde 2003, con la creación del programa Barrio Adentro, miles de médicos y otros profesionales de la salud fueron enviados a ese país. En su momento de mayor actividad, se estima que más de 20,000 médicos cubanos trabajaban en Venezuela. Programas similares se han implementado en Brasil, Angola, Bolivia, Ecuador, México y Nicaragua.
El médico cubano Leandro Castellanos, quien ha experimentado de primera mano las condiciones de estos programas, señaló que “los profesionales de la salud enviados al extranjero reciben solo una fracción de los ingresos generados por su trabajo, mientras que el gobierno cubano retiene la mayor parte de los fondos”.
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Además, considera que estas misiones contribuyen a la crisis del sistema de salud en la isla, pues dejan a la población cubana con un acceso cada vez más limitado a la atención médica de calidad.
El Departamento de Estado enfatizó que esta medida es parte de una estrategia más amplia para presionar al gobierno cubano a cesar estas prácticas que califican como explotación laboral y violación de derechos humanos.
