Docenas de documentos en corte que ahora son públicos constituyen los mejores referentes de uno de los litigios comerciales más complejos involucrando al gobierno cubano, tras tres años de una demanda que pretende resolver una deuda millonaria de cuatro décadas.
La deuda data de 1984, pues en enero de ese año el gobierno de La Habana, mediante el Banco Nacional de Cuba (BNC), firma un contrato con el banco holandés “Credit Lyonnays” para el préstamo de una línea de crédito de 22 millones de marcos alemanes, unos 12 millones de dólares en la actualidad.
A pocas semanas de que Cuba firmaría otro acuerdo similar, esta vez con el banco Italiano “IBI DEBT” por un préstamo equivalente hoy a unos 3 millones de dólares, exactamente 3,186,118.
Dos décadas después, el fondo de inversionistas “CRF I Limited”, registrado en Gran Cayman, un territorio británico de ultramar, adquirió parte de la deuda cubana, según aseguran en el cuerpo de la demanda presentada en Londres, en 2020. CRF menciona múltiples intentos de contacto con el gobierno cubano, hasta el año 2019.
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John Kavulich, presidente de la organización US - Cuba Trade, asegura que "el monto seguirá cambiando pero CRF está reclamando cien millones de dólares que es parte del monto total de los bonos que asciende a mil millones".
Luis Luis, de la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana, explica que “estos créditos fueron hechos bajo la ley de Londres y a ley de Londres le da importancia a los acreedores y entonces los acreedores piensan que tienen una mejor probabilidad a través de este mecanismo”.
Por tres años, el litigio se ha convertido en un ir y venir de documentos en la sección comercial de la Alta Corte Británica. Los inversionistas demandantes insisten en que en 2019 funcionarios del Banco Nacional de Cuba aceptaron retomar los trámites de deuda. El gobierno cubano responde que tales arreglos no fueron legales y que los funcionarios del Banco Nacional de Cuba no estaban autorizados a realizar dichas operaciones.
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Justamente, al hablar por primera vez sobre el caso el pasado 13 de enero, el gobierno cubano expuso la que será su línea principal de defensa que al parecer se define a partir de que: “El objeto de este procedimiento es deuda pública porque fue contraída por el BNC antes de 1997, cuando tenía funciones de Banco Central. Desde entonces, el BNC no tiene facultad para actuar en nombre del gobierno cubano. Tampoco para aprobar cesión de deuda pública sin la autorización previa del Ministerio de Finanzas y Precios y del Consejo de Ministros”.
Para John Kavulich, presidente de la organización US - Cuba Trade, “este va a ser uno de esos casos que tenga cobertura mediática, simplemente porque fue una transacción comercial en el Reino Unido. También tiene una subsidiaria británica de un banco chino involucrado”.
En uno de los documentos de corte, la Defensa de Cuba indica que un representante de CRF I Limited viajó a Cuba en octubre de 2019 y en dos reuniones con Raúl Olivera Lozano, director de operaciones del Banco Nacional, le ofreció $200 pesos convertibles por agilizar el proceso y unas 25 mil libras esterlinas por su continúa asistencia.
En absoluto hermetismo, dos años después, un tribunal cubano sentenció a 13 años de cárcel a Olivera Lozano por el supuesto esquema de soborno.
“Hay documentos, algunos correos electrónicos y notas del gobierno cubano que han trascendido. En algunos con una lógica bastante desafiante se habla de personas que tenían determinada autoridad, pero después no y terminaron en la cárcel", comenta John Kavulich.
La demanda impone un fondo buitre su nombre oficial es CRF I Limited, así caracteriza el gobierno cubano lo que está a punto de suceder en Londres.
La estrategia de Cuba no desconoce la deuda pero como principal estrategia alega que el fondo de inversiones “CRF no es acreedor de Cuba y nunca lo ha sido”.
Hablamos de más de 74 millones de dólares entre deuda base e intereses que se decide en corte, unos 74,482,645 exactamente. CRF, la entidad demandante, asegura que corresponden a una deuda comprada de préstamos de bancos europeos concedidos a Cuba en 1984.
Durante nuestra investigación, intentamos contactar con quien fuera uno de los ejecutivos del Fondo de Inversión CRF I Limited y con el actual presidente de la entidad. No tuvimos respuesta, luego que enviamos correos electrónicos a su equipo legal en el litigio tampoco respondieron.
En cuanto al equipo legal representando a Cuba respondieron que: “La firma no tiene instrucciones de discutir el caso con la prensa”.
El resultado de la demanda tendrá implicaciones severas para la búsqueda de créditos internacionales por parte del gobierno cubano. La deuda externa de La Habana es significativa, incluso con aliados como China y Rusia.
“Cuba está en mora con sus pagos. Eso le corta al país financiamiento con los bancos de crédito de Francia, España u otros países europeos”, reconoce Luis Luis, de la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana.
Mientras que para John Kavulich, presidente de la organización US - Cuba Trade, “siguen debiendo millones de dólares a muchísimos países. A compañías en esos países y a los gobiernos de esos países”.
En este caso al deuda no está en discusión. La demanda sólo busca determinar jurisdicción, pero si el gobierno de Díaz-Canel gana, significará que el intento de los inversionistas para gestionar el pago de la deuda se considera inválido. En cambio si CRF gana, tiene vía libre para seguir el proceso de reclamación.
“Puedes ver decisiones judiciales contra Cuba pero generalmente Cuba va a ignorarlas porque el país no tiene activos para responder y satisfacer esas demanda. (…) Entonces, los acreedores quedan con una sola opción: negociar con el país, un pequeño por ciento de la deuda”, apunta Kavulich.
“Y algunos activos que Cuba tiene en el extranjero -por ejemplo, en embajadas- están protegidos por leyes internacionales de bienes soberanos e incautarlos es muy difícil por parte de cualquier corte”, remarca Luis Luis, de la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana.
