El joven venezolano que posee una orden de deportación teme por su vida pues alega que si regresa a su país, no tendrá medicinas para tratar su condición de VIH positivo.
Ricardo Querales, de 43 años, analiza su propio caso todos los días, intentando recuperar su residencia legal luego de que la perdiera tras ser enjuiciado por el delito de posesión de sustancias controladas.
Querales llegó de Venezuela en el 2003 huyendo de la inseguridad en su país y se implicó en asuntos que le llevaron a dos detenciones. Luego de no saber llevar la distancia de su familia, como él mismo confiesa, le ha tocado enfrentar las consecuencias de sus actos, ahora cargando con una orden de deportación.
Según el abogado de inmigración Willy Allen, cualquier delito puede terminar con la residencia de un inmigrante. “Cualquier persona en EEUU que no sea ciudadano, puede perder su status si comete un delito criminal”, asegura el abogado, quien recalca que “el perdón pudiera ser concedido si la persona lleva 7 años en el país y de ellos 5 como residente”.
Al decir de Allean, en el caso de Querales pudiera buscarse una suspensión de su deportación alegando razones médicas, pero el veredicto queda a discreción del gobierno americano
