MIAMI.- El gobernador de Florida, Ron DeSantis, fue demandado ante la justicia por una organización civil que considera que la ley antidisturbios, llamada "antiprotestas" por sus críticos y que firmó este lunes, es contraria a la libertad de expresión, un derecho consagrado en la Primera enmienda de la Constitución de EEUU.
La llamada ley HB-1 amplía las facultades de las fuerzas del orden para efectuar arrestos en las manifestaciones, castiga a los participantes si la protesta se torna violenta y dificulta recortar la financiación a la Policía, según destacó la agencia EFE.
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La organización Legacy Entertainment & Arts Foundation presentó este miércoles la demanda contra DeSantis por dicha ley ante un tribunal federal en Orlando, según documentos judiciales.
Los demandantes dicen que esta norma ataca la libertad de expresión y está escrita con la intención de definir cualquier protesta como un "disturbio" y poder acusar a los participantes de "instigar un disturbio".
La HB-1 aprobada por el Congreso floridano, con mayoría del Partido Republicano, fue impulsada luego de las protestas que estallaron en EEUU en 2020 contra el racismo y el abuso policial a partir del asesinato de George Floyd por el cual el policía, Derek Chauvin fue declarado culpable esta semana.
"Es la legislación más fuerte contra los disturbios y a favor de la aplicación de la ley en el país, no hay nada que se le parezca", dijo con orgullo DeSantis, al momento de firmar la ley en Winter Haven, en el centro de Florida.
En la demanda se apunta que esta norma se aprobó para responder a "los crímenes contra las minorías por parte de oficiales de policía" y se mencionan las muertes en esas circunstancias de los afroamericanos George Floyd, Breonna Taylor y Elijah McClain.
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Otro de los argumentos esgrimidos contra DeSantis es que la ley responsabiliza "de una manera inconstitucional" a cualquiera que use su derecho a expresarse libremente de lo que pueda suceder en una protesta en la que participe, sin importar si esa persona actuó con violencia o no.
"HB-1 es racista, inconstitucional y antidemocrática, simple y llanamente", dijo Micah Kubic, director ejecutivo del capítulo de Florida de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).
